La Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Granada ha acusado a la Junta de Andalucía de "esconder deudas" contraídas con los empresarios al no reconocer determinados expedientes con aprobación técnica de obras ya ejecutadas, los cuales se han quedado fuera del plan de pago a proveedores impulsado por el Gobierno.

En un comunicado, la ACP achaca esta situación a "la falta de rigor" en la tramitación oficial de la Junta de Andalucía, a la que acusan de "atrofiar los procedimientos legales" para "evitar ver incrementado su déficit".

La ACP alude concretamente a dos anomalías en estas tramitaciones: "no se recepciona oficialmente la obra" y "no se tramita la fiscalización de las certificaciones".

"Con toda esta burocracia incompleta, las empresas se quedan fuera del plan de pago a proveedores, ya que oficialmente la deuda no existe, no computa, no se contabiliza y por tanto algo que no se debe, directamente no se paga", añaden desde la ACP.

Ante esta situación, los empresarios reclaman el pago "inmediato" de las obras ejecutadas, lamentado a su vez que "la falta de rigor en la tramitación oficial de la Junta de Andalucía" los vuelva a tener a ellos "como damnificados".

En esta línea, la asociación granadina de constructores y promotores afirma que la Administración autonómica "engaña sistemáticamente a las empresas, con plazos que no cumple, con promesas que no se materializan; y además falsea sus cuentas para salir bien en la foto sin importar ni lo que debe al sector privado, ni el empleo que las empresas generan, ni la incertidumbre que provoca su dejadez".

Por todo ello, los empresarios reclaman el "reconocimiento inmediato de las certificaciones técnicas emitidas por las empresas y la recepción oficial de las obras", así como el "reconocimiento de la totalidad de las deudas" que la Junta mantiene con el sector, incluyendo a las empresas públicas.

Asimismo, piden que se elabore un inventario completo de la deuda total de la Administración andaluza y un calendario de pagos. "En definitiva, permitir a las empresas facturar por sus servicios para tener derecho de cobro y reconocer los importes de los servicios prestados, para dejar de ser financiadores de la Administración, y poder así participar de los posibles planes excepcionales de pagos que pueda habilitar el Gobierno".