El Ayuntamiento de Rasquera (Tarragona) esperará a que la Fiscalía de Tarragona concluya las diligencias informativas y que se resuelva el recurso ante un juzgado contencioso para reemprender el proyecto de plantar marihuana en terrenos del municipio para abastecer a un club de fumadores barcelonés.

En declaraciones a Europa Press, el asesor del alcalde Bernat Pellisa, José María Insausti, ha explicado que, pese a que el proyecto de plantar marihuana se aprobó en el pleno municipal del 29 de febrero y obtuvo mayoría en el referéndum, no harán nada "hasta saber que el proyecto no tiene ningún impedimento legal".

El alcalde, que lleva una semana alejado de la esfera pública por problemas de salud, todavía no se ha pronunciado sobre su continuidad al frente del consistorio —dijo que dimitiría pero no cuándo— aunque, según su asesor, no tomará ninguna decisión hasta que se sepa cómo quedan el informe y el recurso.

Según Insausti, el plan de Rasquera se tiene que poder realizar de manera "clara, tranquila y transparente", y ha recordado que nunca han querido ir en contra de la ley.

La Fiscalía de Tarragona está ultimando las diligencias informativas sobre esta plantación a gran escala y, según explicó el fiscal jefe de Tarragona, Xavier Jou, está pendiente de que se que aclare si la administración competente para autorizar un cultivo de marihuana, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), les ha dado su aprobación.

Uno de los principales escollos que 'a priori' presenta el plan municipal es la dimensión de la plantación, que irá destinada a proporcionar cannabis a 5.000 personas, según Jou.

Una plantación de estas dimensiones dificultaría una de las condiciones básicas que expuso la Fiscalía para que fuera legal: que no permita el acceso a terceros y que la producción se circunscriba al consumo del club de fumadores.

Su análisis, que prevé pueda estar concluido en las próximas semanas, dilucidará solamente si esta plantación es legal teniendo en cuenta el Código Penal y la jurisprudencia previa

Paralelamente, el 30 de marzo la Abogacía del Estado en Tarragona presentó un recurso que ha sido admitido a trámite contra los acuerdos adoptados por el pleno municipal de Rasquera el 29 de febrero ante un juzgado contencioso administrativo.