La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Agricultura y Ganadería, ha anunciado que recurrirá la decisión adoptada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Palencia de denegar la autorización de la venta de la empresa Seda Solubles, solicitada por los administradores concursales.

Según han informado fuentes de la Consejería en un comunicado recogido por Europa Press, se ha tomado la iniciativa jurídica pues consideran que esta decisión pone en peligro la viabilidad de la empresa.

La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente firmó, el pasado 20 de abril —la denegación se dio a conocer el día 19— la orden que autoriza a los letrados de los servicios jurídicos de la Comunidad de Castilla y León a personarse en este proceso.

El Gobierno regional entiende, tal y como recoge la orden suscrita por la consejera, que la propia Ley Concursal establece la posibilidad de personarse al Gobierno Regional. De hecho, la orden explica que "la ley contiene varias referencias a intereses legítimos distintos del de los acreedores, como el mantenimiento del tejido empresarial o del empleo o la especial trascendencia de ciertas empresas para la economía de determinadas zonas".

La Consejería de Agricultura y Ganadería considera que esta decisión del juzgado "pondría en peligro la viabilidad de la empresa a medio plazo, lo que conllevaría importantes perjuicios para la industria agroalimentaria, el empleo y para los propios intereses de la administración regional".

La Consejería, tras sucesivas reuniones con el Comité de Empresa y con los administradores concursales, celebradas el 14 de diciembre del 2011 y el 17 de enero del 2012, estudió cómo arbitrar una solución a la paralización de la actividad de la empresa y autorizó, a través del Instituto Tecnológico Agrario, una ayuda de 4,5 millones de euros consistente en un préstamo.

Este préstamo estaba supeditado a la aportación de otros 4,5 millones de euros por parte de cinco entidades financieras —Banca Cívica, Banco Popular, Caja España-Duero, Natixis y Rabobank— para totalizar los 9 millones de euros de circulante necesarios para asegurar la actividad normal de la empresa.

La ayuda del Gobierno Regional ha sido "imprescindible" para que la empresa retomara su actividad a principios de año, después de haber estado parada varios meses por falta de recursos económicos, para adquirir materias primas y pagar los gastos de funcionamiento de la fábrica. Según el comunicado, el juez reconoce este hecho en el auto dictado el 17 de febrero de 2012 y refiere exactamente que "ha sido dicha ayuda de salvamento la que ha permitido conjurar el riesgo de colapso de la actividad empresarial de Seda Solubles".

La denegación de la venta de la unidad productiva por el juez repercutiría, han añadido, en el normal funcionamiento de la factoría y generaría una desatención de los actuales clientes que es la razón fundamental de su actividad.

Con esta decisión judicial de no proceder a la venta de la unidad productiva, tal y como han solicitado los administradores concursales, existe "un peligro real de cese efectivo de la actividad productiva", lo que podría repercutir en la conservación de los 315 puestos de trabajo directos de esta empresa en sus centros de Palencia, Villamuriel de Cerrato y Madrid.