Defiende que "una póliza individual es enormemente cara" y "no habría visto mal" la práctica siempre bajo unos requisitos Niega cualquier ánimo de "favorecer personalmente" al hermano del expresidente José Rodríguez de la Borbolla

El exconsejero de Empleo Antonio Fernández, en prisión comunicada y sin fianza por orden de la juez Mercedes Alaya, manifestó durante su declaración como imputado que fue su antecesor en dicha responsabilidad y actual diputado nacional del PSOE, José Antonio Viera, quien, en 2001, adoptó la "decisión" de la que nació el convenio que la juez señala como supuesto instrumento para que los fondos de la partida presupuestaria 31L esquivasen las fiscalizaciones propias de las subvenciones excepcionales. No obstante, Fernández defiende en su comparecencia que no le "constan" directrices de Viera para que las ayudas favoreciesen especialmente a personas o zonas.

La juez Mercedes Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga como es sabido una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso general de dichos fondos. Porque de este programa presupuestario bebieron además numerosas ayudas directas a empresas que también investiga esta juez.

En la investigación cobra interés un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), pues gracias a él, durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis y otros aspectos con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública al eludir los controles relativos a las subvenciones excepcionales.

La trama de los ere

La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancia administrativa" en al menos 67 expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas con cargo a este fondo, bautizado como "fondo de reptiles" por el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en las diligencias y también en prisión por orden de la juez.

En este marco, la comparecencia del exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández ante la juez Mercedes Alaya ha supuesto un nuevo hito en la investigación. Tras más de cuatro agotadoras jornadas de declaración, la juez ha ordenado el ingreso en prisión de este exconsejero por cuatro posibles delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y negociación prohibida a funcionario, así como otros dos presuntos delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil.

El convenio marco de 2001

En las actas relativas a la comparecencia de Antonio Fernández, recogidas por Europa Press, el exconsejero responde a las preguntas de la juez en cuanto al convenio marco firmado el 17 de marzo de 2001 entre la Consejería de Empleo y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía, dado que entonces Fernández era viceconsejero de Empleo y a la vez presidente del mencionado instituto. Y es que la juez sospecha que el "propósito" de este convenio no era otro que "eludir ilícitamente los importantes controles (...) en los futuros expedientes de ayudas públicas". La propia juez ha señalado repetidamente que numerosos beneficiarios de las mencionadas prejubilaciones y ayudas directas a empresas pertenecen al ámbito del ex director general Francisco Javier Guerrero, antaño alcalde socialista de El Pedroso (Sevilla), u otros miembros del PSOE, tratándose incluso de antiguos cargos públicos de dicho partido.

Pues bien, ante las preguntas de la juez Alaya, Antonio Fernández ha declarado que fue el diputado nacional y ex secretario general del PSOE de Sevilla José Antonio Viera quien, como consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico allá por 2001, habría tomado la "decisión" de "proponer" al IFA dicho convenio marco. Fernández señala, además, que "en su opinión" Viera promovió este convenio marco "con la autorización del Gobierno" andaluz. "La Junta conocía las operaciones con cargo a este convenio", ha defendido el exconsejero, quien ha enfatizado que el mencionado convenio marco "estaba avalado por la Ley de Presupuestos" y habría gozado del visto bueno de la asesoría jurídica de la Administración andaluza, si bien ha reconocido que presupuso esta conclusión y que no cuenta con pruebas fehacientes sobre ello.

La sierra norte y viera

En ese sentido, y ante las preguntas de la juez, ha manifestado que tanto Manuel Chaves como José Antonio Griñán en sus roles de presidentes del Gobierno andaluz "conocían el procedimiento establecido porque estaba en el presupuesto" a través de la partida 31L. No obstante, y también ante las repetidas preguntas de la juez Mercedes Alaya, Antonio Fernández ha asegurado que no tiene constancia de que las subvenciones concedidas a través de este sistema a numerosas empresas y ayuntamientos de la Sierra Norte de Sevilla, donde se concentran buena parte de las ayudas directas investigadas, respondieran sencillamente a una "orden" de Viera.

"No es cierto lo de la indicación de Viera. Sí es cierto que las ayudas sólo se conceden al sector corchero de la Sierra Norte, porque hay un plan de sostenibilidad que indica la prioridad de las ayudas, ya que es zona de transformación del corcho", ha respondido por ejemplo con relación a las subvenciones percibidas por el sector del corcho de la Sierra Norte de Sevilla. En ese mismo ámbito, ha negado cualquier ánimo de "favorecer personalmente" al empresario Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla y cuyas empresas del sector del corcho gozaron de importantes subvenciones. "El ánimo era ayudar a las empresas del sector del corcho de la Sierra Norte, pero no porque fueran empresas de este señor", ha defendido el exconsejero.

También destacan en las actas las preguntas relativas a las personas que gozaron de prejubilaciones encuadradas en expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas a las que no pertenecían. Se trata de los conocidos 'intrusos', entre los que figuran desde personas del ámbito de Guerrero, a exalcaldes socialistas y miembros de este partido.

"podía haber sido factible"

Y es que, por ejemplo, la juez alude a dos supuestas prejubilaciones fraudulentas del ERE promovido por Aceituas y Conservas (Acyco), una de ellas la de un "amigo" de Guerrero y la otra la de un antiguo alcalde socialista, y cuestiona al exconsejero. "Si de haber cumplido estos dos señores los requisitos mencionados para las ayudas sociolaborales, de habérselo comentado Guerrero, ¿Es cierto que no se hubiese opuesto a la inclusión de los mismos en la póliza", pregunta Alaya.

"Como hipótesis, podía haber sido factible", manifiesta entonces Fernández. El exconsejero ha manifestado que Francisco Javier Guerrero "nunca" le informó sobre estas prácticas, pero ha admitido, sobre estas ayudas "sociolaborales", que "no habría visto mal" la práctica de la inclusión de extrabajadores en un ERE ajeno porque "una póliza individual es enormemente cara" y siempre que tales personas cumpliesen los requisitos estipulados.