El Parlamento de Cantabria ha aprobado con la unanimidad de todos los grupos una proposición no de ley en la que pide al Gobierno regional que se dirija al central para pedir a éste que adopte medidas para garantizar la liquidez a las participaciones preferentes y para que obligue a las entidades de crédito a aumentar la transparencia e información en los productos financieros que ofrecen.

En la sesión de este lunes el Parlamento ha tratado el problema de las preferentes, un producto de riesgo que se ofreció a usuarios medios sin darles toda la información (se les ofreció como inversión a largo plazo y resultó ser deuda), y que al final tuvo como consecuencia que sus ahorros quedaran inmovilizados, sin poder disponer de ellos.

Es una situación que en Cantabria afecta a 15.000 familias (uno de los mayores índices de todo el país), con unos ahorros retenidos en un "corralito" por valor de entre 400 y 500 millones de euros, con un valor medio de 40.000 a 60.000 euros.

La propuesta

La propuesta partía del Grupo Popular, y salió adelante por unanimidad, pero tras incorporarse un matiz del PSOE, que reclamaba "firmeza" al Gobierno central. En concreto, lo que se ha aprobado es instar al Gobierno de Cantabria a que se dirija al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a que promueva o dé las autorizaciones necesarias a las entidades financieras para dar solución a la recuperación de las inversiones.

También se reclama que se dirija a las entidades financieras que operan en Cantabria y emitieron participaciones para instarlas a promover una solución, valiéndose de los mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos (conciliación, mediación y arbitraje).

Las propuestas también afectan al Gobierno de España, al que se le pide que adopte las medidas necesarias para "garantizar" la liquidez de las preferentes comercializadas, y la recuperación de los ahorros "sin pérdida del capital invertido".

Del mismo modo, se pide al Ejecutivo que obligue a las entidades a aumentar la transparencia y mejorar la información en todos los productos financieros que ofrezcan (sobre riesgos y costes, con un resumen claro y sencillo y garantizando que sea adecuado a los conocimientos y experiencia de los usuarios).

"no son brokers"

El diputado del PP Luis Carlos Albalá ha apostado por atender la "justa reivindicación de personas que reclaman lo suyo", y que, ha recordado el PSOE, "no son jugadores de bolsa, ni especuladores ni brokers". Eran familias que depositaron su "confianza" en su oficina bancaria habitual, que les dio una información "mínima e incompleta", ha señalado la portavoz socialista, Eva Díaz Tezanos.

Los usuarios tienen un perfil que no es el del potencial inversor adecuado para un producto que en realidad es "complejo" y "de riesgo" ya que en ellas, la rentabilidad no está garantizada, pues opera en un mercado secundario que no genera liquidez, ha señalado el PP.

Albalá ha censurado esta práctica bancaria, que en realidad se usa como una manera "más fácil y barata" de ampliar el capital para aumentar los recursos propios y los ratios de solvencia, en un procedimiento que ha sido criticado por el Banco de España.

En un primer momento, ha explicado la regionalista Eva Bartolomé, la falta de liquidez se solucionaba fuera del mercado secundario, transmitiéndolo a nuevos interesados, hasta que una decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) lo impidió y aparecieron los problemas de liquidez.

El resultado fueron "situaciones dramáticas", con el dinero, los ahorros de toda una vida, "cautivo" en un "corralito financiero", han afirmado los diputados. Las soluciones que se les plantean desde las entidades pasan por un canje del producto, pero a un largo plazo que no compensa o no sale rentable a los usuarios.

En el caso de Cantabria, han añadido, se ha dado el problema añadido de que la solución que plantea Caja Cantabria no podrá aplicarse hasta que Liberbank, el banco en el que se integra, salga a bolsa.

Mientras el PSOE ha incidido en que le corresponde al actual Gobierno adoptar medidas para solucionar el problema, extremo admitido por el PP, Albalá ha precisado que la comercialización y venta de estos productos fue autorizada en la época de los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero.

La socialista Díaz Tezanos ha reclamado "firmeza", al considerar que el Gobierno central debe perseguir medidas que favorezcan la liquidez de las soluciones que se ofrezcan, del mismo modo que también se puede "obligar" a las entidades a ser "más transparentes". PREFERENTES

En esta situación se encuentran en Cantabria 15.000 familias. Se calcula que Caja Cantabria vendió entre un 20 y un 30 por ciento de las preferentes a los afectados cántabros.

El colectivo está compuesto en su mayoría por personas de más de 65 años, que se estima han podido suscribir participaciones por un total de entre 400 y 500 millones de euros, con un valor medio de 40.000 a 60.000 euros, que fueron transformados en productos de riesgo, sin informarles exactamente de las condiciones en que se adquiría.

Se trata de un producto no solicitado ni buscado por los clientes, vendido irregularmente sin atender en modo alguno a lo que los consumidores querían o les convenía, y sin suministrar la información previa imprescindible, y que genera importantes pérdidas para el usuario después de haber sido colocado como si se tratase de inversiones a plazo fijo cuando se trata de deuda perpetua, no amortizable salvo a elección de la entidad y no cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos.

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