La presidenta regional, Esperanza Aguirre, aseguró este jueves que, si bien es cierto que su propuesta a Mariano Rajoy para devolver las competencias de Educación, Sanidad y Justicia al Estado no ha sido bien recibida entre la clase política, no ha sucedido lo mismo en las redes sociales, donde los ciudadanos, ha dicho, están "de acuerdo" con ella.

Aguirre, que respondía al portavoz de Izquierda Unida en el parlamento regional, Gregorio Gordo, repitió que el "café para todos" que se estableció "para que vascos y catalanes se sintieran más integrados" en el Estado autonómico no ha cumplido con su objetivo, provocando, al contrario, un aumento de las duplicidades entre el Estado y las comunidades y que el número de funcionarios haya pasado de 1,3 millones a 3,2 desde 1976 hasta la actualidad.

Gregorio Gordo reprochó a Aguirre que su modelo competencial tenga que ver exclusivamente "con sus principios", de manera que las competencias sean "intercambiables" si le interesan más o menos. "Ha pasado en pocos años del nacionalismo madrileño a querer devolver las competencias al Estado", ha criticado, antes de recordarle que ningún político, ni siquiera sus compañeros de filas del PP, comparten su propuesta.

Bajo su punto de vista, el estado autonómico ha permitido mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, al descentralizar materias como la educación o la sanidad. "Otra cosa es que usted, como verso suelto que es, haya pasado como caballo de Atila por la sanidad y la educación madrileña, las haya desmantelado y ahora quiera devolver las competencias", ha dicho, antes de criticar que le quiera "pasar el muerto, que ella misma ha matado, a Mariano Rajoy".

Si lo que Aguirre quiere es "abandonar la Presidencia" de la Comunidad, ha continuado Gordo, puede hacerlo, "pero no por la desaparición premeditada de sus competencias".

Y si lo que ocurre es que no hay recursos para sostener esas competencias, el portavoz de IU le ha pedido que no culpe a la crisis y no haga más recortes, sino que haga una reforma fiscal y deje de "perdonar" 19.000 millones de euros a las grandes fortunas.