El Parlamento de Extremadura ha aprobado por unanimidad de sus tres grupos políticos una iniciativa en la que se insta al Gobierno de Extremadura a constituir una oficina de apoyo a la Asociación de Afectados por Adopciones Irregulares en la región.

La propuesta de impulso, defendida por el Grupo Parlamentario Socialista, insta también al Ejecutivo regional a disponer todos los mecanismos necesarios para que todos los departamentos de la administración regional colaboren con las personas afectadas para proporcionar la documentación y la información que sea requerida.

Igualmente pide fomentar la colaboración de todas las administraciones de Extremadura para que las personas afectadas encuentren el apoyo, el asesoramiento y la documentación que sea requerida con el fin de lograr "restituir los derechos conculcados".

La diputada socialista Ana Soguer ha considerado "necesario" que se conozca la verdad sobre los casos de "niños robados", medio centenar documentados en Extremadura, y ha considerado que es un deber que "a través de la política se haga justicia" proporcionando todos los recursos necesarios.

Soguer ha hecho hincapié en que desde los años 40 a los 90, en España existía una "mafia organizada y especializada en el robo de niños". Unos "delitos" que, en su opinión, no pueden quedar "impunes" por lo que cree necesario que, desde las administraciones públicas, se pueda proporcionar ayuda a estas personas afectadas.

La socialista también se ha referido a la reunión que ha mantenido en el día de hoy diferentes miembros del Ejecutivo de Rajoy y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, con asociaciones de afectados, una "sensibilidad" también compartida por ministros socialistas.

Por su parte, el diputado de IU-V-SIEX Víctor Casco que se ha mostrado "plenamente de acuerdo" con la iniciativa socialista y ha remarcado el "derecho a saber" que asiste a estas personas víctimas de "adopciones irregulares", ya que "durante mucho tiempo han estado solos".

La diputada del PP Dolores Marcos Moyano, cuyo grupo ha retirado una enmienda de supresión que previamente había presentado a esta iniciativa, ha indicado que su grupo comparte el "sentir general" de la propuesta ante unos hechos "atroces" que merecen el rechazo.

Marcos Moyano se ha mostrado convencida de que la vía administrativa puede ser una "vía útil" para conseguir el fin que persiguen las asociaciones de afectados, y ha resaltado que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha asumido el compromiso sobre esta cuestión.

En su opinión, la reunión celebrada hoy entre ministros, fiscal general del Estado y asociaciones "marca el inicio de la línea de trabajo" del Gobierno de la nación, a la que se sumará las administraciones regionales, ya que la coordinación administrativa es "fundamental".

Así ha indicado que el Gobierno de Extremadura apoyará a las familias de afectados teniendo en cuenta sus "competencias y recursos".

Finalmente, Ana Soguer ha considerado que esta jornada es un "día histórico" porque en Extremadura se ha dado el "primer paso" para que los casos extremeños tengan un lugar para iniciar la "reconstrucción de sus vidas".