La Intervención General de la Comunidad Autónoma ha certificado un total de 237.164 facturas para acogerse al mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores, lo que supone un importe total de 743,24 millones de euros.

La interventora general Maria Marqués ha explicado que esta primera relación enviada al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas supone un total de 6.180 proveedores de la comunidad, y, pese a que ha advertido que estos datos no son "inamovibles", no creen que vayan a experimentar "cambios sustanciales".

Marqués, quien ha recordado que los beneficiarios de este mecanismo de financiación son los contratistas y quienes hayan suscrito conciertos sanitarios, educativos y de servicios sociales -a excepción de la Universitat de les Illes Balears-, ha apuntado además que la primera remesa de pagos por parte del Gobierno está prevista para la segunda quincena de junio.

Por otra parte, preguntada por el estado de la deuda de la comunidad, ha explicado que cuando se habló de 1.104 millones de euros de deuda únicamente se incluyeron las facturas de la Comunidad, los organismos autónomos, la Agencia Tributaria de Baleares y el IbSalut.

En este sentido, ha remarcado que faltaban otros 409 millones de euros en "facturas de los cajones y lo que se debía a los proveedores del sector público instrumental de los 171 entes".

"Los 1.104 millones de euros era una mínima expresión de las deudas que la administración tiene pendiente". Así, ha señalado que los 409 millones de euros que había pendientes "en los cajones" a 30 de junio no se dieron a conocer porque, según ha dicho, fue "una medida que Bauzá incluso pactó con Elena Salgado" para no comunicar y crear alarmismos "innecesarios".