La Junta de Castilla y León ha remitido este sábado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la relación de 3.731 proveedores que, de forma voluntaria, podrán acogerse al mecanismo extraordinario de pagos, cuya cuantía total asciende a 1.066 millones de euros, de los cuales un 95,2 por ciento corresponde a facturas de Sacyl.

Según han explicado en declaraciones recogidas por Europa Press la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y el consejero de Sanidad, Antonio María Saéz Aguado, uno de los principales requisitos para financiarse mediante esta línea de préstamos era enviar la correspondiente relación de facturas al Ejecutivo central antes del 15 de abril, a fin de mejorar la liquidez en un momento en que las autonomías tienen "muy limitado" el acceso al crédito.

Asimismo, la Junta deberá cumplir otro trámite "imprescindible", la presentación antes del próximo día 30 de un Plan de Ajuste que incluirá la descripción y el calendario de aplicación de las medidas para garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad del año 2012 y siguientes, y que deberá obtener el informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El listado de las obligaciones pendientes recogidas en la relación que ha remitido el interventor general al Ministerio incluye las facturas correspondientes tanto a obras, servicios, suministros y gestión de servicios públicos como a los conciertos educativos, sanitarios o de servicios sociales, que se hayan presentado en los registros administrativos antes del 1 de enero de 2012 y estén pendientes de pago.

El importe total asciende a 1.066 millones de euros, de los cuales el 98,3 por ciento corresponden a la Administración General y Organismos Autónomos; el 1,2 por ciento a entes públicos dependientes de la Junta —especialmente, ITA, Agencia de Innovación y Ente Regional de la Energía—, y el 0,5 por ciento son deudas de empresas públicas y fundaciones dependientes de la Administración regional.

Además, del total de la deuda, el 95,2 por ciento corresponde a facturas de Sacyl, aunque Pilar del Olmo ha insistido en que no se trata de mayor déficit público, sino de deuda con proveedores hasta el 31 de diciembre de 2011 que ha sido comunicada al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Esta situación, según el Gobierno autonómico, se ha generado por la caída de los ingresos procedentes de los tributos propios, vinculados al sector inmobiliario y de la construcción que continúa reduciendo su actividad, y por la minoración del anterior Ejecutivo de los ingresos que hubieran correspondido a la Comunidad del modelo de financiación autonómica.

En este sentido, Aguado ha explicado que la deuda de 2011 se ha concentrado en la Gerencia Regional de Salud porque, a diferencia de otros ámbitos del sector público, en la asistencia sanitaria pese a las dificultades de tesorería no es posible paralizar el funcionamiento de los servicios asistenciales, desabastecer los hospitales o suprimir el suministro de medicamentos.

Según el consejero, este incremento de la deuda no se debe a un problema de exceso de gastos, ya que éstos se han reducido, sino a la "infrafinanciación" de la sanidad, al tiempo que ha elogiado el plan de pagos, que servirá para "poner el contador a cero" y "dar oxígeno" a la Sanidad pública, que sin ajustes sería "insostenible en muy poco tiempo" y cuya deuda "había comenzado a ser una losa".

Información a proveedores

Junto al Acuerdo de la Junta de adhesión al mecanismo extraordinario de financiación a proveedores, en el Boletín Oficial de la Comunidad de este viernes, 13 de abril, se publicó un anuncio informativo para que los interesados puedan acceder a este sistema de pago.

Así, a partir del próximo lunes, 16 de abril, los contratistas podrán consultar —a través de la página web de la Junta de Castilla y León o de su teléfono 012 de información administrativa— si las facturas pendientes emitidas a la Administración y entes de la Comunidad están incluidas en el listado que hoy se remite al Ministerio.

En el supuesto de que estos detectaran que alguna de esas facturas no figura en dicha relación podrán solicitar su inclusión a la Intervención General, que tiene un plazo de quince días para contestarles; si no se resuelve expresamente la solicitud en el citado período la factura se sumaría a las incluidas en el listado inicial.

Para que los proveedores puedan cobrar los pagos pendientes es necesario que acepten expresamente su adhesión al mecanismo extraordinario de cobro, entre los días 2 y el 22 de mayo, para lo cual disponen de dos vías, una telemática —a través de la página web de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria—; y otra presencial —mediante escrito normalizado dirigido a la Intervención General de la Comunidad—.

Una vez que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas autorice a la Comunidad el plan de ajuste previsto, la Junta aprobará la formalización de la correspondiente operación de crédito y las entidades financieras podrán materializar las transferencias de pago a los proveedores que se hayan acogido al mecanismo a partir de la primera quincena de junio.

En cuanto al orden en el que se llevarán a cabo los pagos, la consejera de Hacienda ha explicado que se efectuarán en función de la antigüedad de la deuda; el tamaño de las empresas, con prioridad para las pequeñas y medianas, y la litigiosidad. En este sentido, Aguado ha apuntado que la "gran industria" tiene mayor capacidad para aguantar.

Por su parte, la Comunidad contará con un período de diez años, con dos de carencia, para la amortización de la operación y el interés será de 115 puntos básicos sobre el Tesoro, es decir, dependerá del momento, aunque Del Olmo ha reconocido que "en principio" es una operación "favorable" porque los intereses de demora serían "más altos".