Las consejerías para la Igualdad y Bienestar Social y de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía han suscrito este lunes un protocolo de colaboración con el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (Cermi) para el desarrollo de un programa conjunto de visitas en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (Renpa), lo que supone "un paso más" en la mejora de la accesibilidad de las personas con discapacidad en los espacios protegidos andaluces.

La firma, que ha tenido lugar este lunes en Sevilla, ha contado con la participación de la consejera para la Igualdad y Bienestar Social en funciones, Micaela Navarro, y el titular de Medio Ambiente en funciones, José Juan Díaz Trillo, además del presidente de Cermi, Manuel Porras. El objetivo del convenio es facilitar el disfrute del patrimonio natural andaluz por parte de todos.

La principal finalidad, según han explicado los tres firmantes del mismo, del protocolo de colaboración es fomentar la integración de las personas con discapacidad en las actividades que se realizan en el medio natural. Para ello, tanto la Junta de Andalucía como Cermi trabajarán conjuntamente en el diseño, promoción y divulgación de distintas actividades adaptadas a todas las discapacidades en los espacios naturales protegidos andaluces. Igualmente, se seguirá trabajando en la mejora de la accesibilidad de los equipamientos de uso público pertenecientes de la Red de Espacios Naturales Protegidos.

Para Díaz Trillo, este convenio se inscriben en un trabajo de largo recorrido entre todas las partes, es decir, Igualdad, Cermi y su departamento. Además, ha indicado que el protocolo de colaboración fomenta aspectos como son la eliminación de barreras; la promoción de visitas de este colectivo de personas a los espacios protegidos pues "la naturaleza es de todos y para todos; el empleo; la información y la promoción de los parques mediante folletos o videos divulgativos; así como la vinculación entre sostenibilidad, discapacidad y accesibilidad.

El objetivo último de la Consejería de Medio Ambiente, según Díaz Trillo, es la adaptación de todas las instalaciones de uso público en el medio natural cuya orografía lo permite y que todos los andaluces puedan decidir dónde ir y qué hacer de forma independiente.

Un derecho de toda la población

Por su parte, Micaela Navarro ha recordado que la accesibilidad es un derecho de toda la población y que adquiere su mayor relevancia en aquellas personas que tienen una discapacidad, algo que en Andalucía afecta a más de 700.000 ciudadanos, el 70 por ciento con una movilidad limitada.

Sin embargo, ha resaltado Navarro, se estima que en torno al 40 por ciento de los andaluces puede beneficiarse de la supresión de barreras, porque ello revierte también en las personas de edad avanzada y en aquellas con circunstancias transitorias que afectan a su movilidad, a causa de un accidente o de la maternidad.

Igualmente, Navarro se ha mostrado consciente de que las circunstancias de algunos espacios naturales hacen "difíciles" su adaptación para una mejora de la accesibilidad, precisamente, por los criterios de conservación de estos espacios protegidos. En este sentido, ha celebrado que se le haya echado "imaginación" para hacer posible la "necesaria" accesibilidad con el respecto a los requisitos de conservación.

En definitiva, Navarro ha afirmado que el protocolo lo que busca es "normalizar" una situación como es la de acceso a todos los espacios naturales que hace nueve años no lo era.

Andalucía cuenta desde 2009 con un decreto que regula las condiciones de accesibilidad que deben reunir las vías públicas, edificaciones y transportes, para permitir su utilización por el mayor número de ciudadanos posible y, especialmente, por aquellos con discapacidad.

El decreto, elaborado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, supone un importante avance en las exigencias de accesibilidad y extiende sus efectos a entornos naturales y a nuevas instalaciones o edificaciones. En concreto, en los espacios naturales se exige al menos un itinerario accesible alternativo a los senderos o vías generales de recorrido cuando se realicen actividades recreativas, educativas, culturales o análogas. 100

Kilómetros de senderos

Otros instrumentos de los que dispone la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social para impulsar la accesibilidad son el Plan de Acción Integral de Personas con Discapacidad (2011-2013) y el Plan para Mujeres con Discapacidad (2008-2013). Recientemente, la Junta ha firmado el Pacto Andaluz por la Accesibilidad con agentes sociales y económicos con el objetivo de promover la accesibilidad de los espacios públicos y edificaciones, de los medios de transporte, así como de los sistemas de información y comunicación en Andalucía.

La comunidad ha sido pionera en la adaptación de las instalaciones de uso público en sus espacios naturales desde que en 1999 la Administración andaluza comenzó a trabajar en el Plan de Eliminación de Barreras Arquitectónicas, con lo que se ha conseguido que actualmente un tercio esté totalmente adaptado. En total, son 300 los equipamientos en los que se ha trabajado, entre los que destacan los centros de visitantes y puntos de información, jardines botánicos, aulas de la naturaleza, más de 100 kilómetros de senderos y una parte importantes de miradores y áreas recreativas.

Junto a la eliminación de barreras arquitectónicas, la Consejería de Medio Ambiente ha adaptado el material divulgativo e informativo, editado publicaciones en braille, subtitulado el material audiovisual y realizado audioguías. Además, la Junta de Andalucía desarrolla el programa Naturaleza para Todos, que oferta anualmente más de 150 actividades destinadas a las asociaciones de personas con discapacidad, con lo que ya son más de 15.800 los participantes.

La consejería de Medio Ambiente prepara actualmente la publicación del Manual de Buenas Prácticas sobre Accesibilidad en Espacios Naturales, un documento técnico donde se marcan las pautas y criterios a seguir para la evaluación de la accesibilidad del uso público. El manual, en el que han colaborado la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y asociaciones de personas con discapacidad, ayudará a los técnicos en la puesta en marcha de servicios e instalaciones, así como a la evaluación de los mismos.