El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido (PP), ha informado este miércoles de que la liquidación del presupuesto municipal ajustado del año 2011 ha acabado con un saldo positivo de 28,4 millones de euros, si bien las cuentas se han cerrado con remanente negativo de Tesorería de unos 27,4 millones de euros, "absolutamente influenciado" por cantidades de dudoso cobro como la multa de 24 millones de euros impuesta a la empresa Arenal 2000 por la construcción sin licencia de las naves de Colecor.

En una rueda de prensa, el edil ha explicado que "la mejora" con el saldo positivo al cierre del ejercicio es por "las medidas de ajuste" que ha adoptado el gobierno municipal desde junio de 2011, a lo que se une el plan de ajuste aprobado recientemente que "debe mejorar aún más" las cuentas y poder pedir créditos dentro de dos años para financiar inversiones.

En relación con el remanente negativo, Bellido ha detallado que "se ha incluido un 80 por ciento de la cantidad de la multa" al empresario y concejal de UCOR, Rafael Gómez, unos 19 millones de euros, "no como hacia el anterior equipo de gobierno que incluía un porcentaje mucho menor", un 33 por ciento. Por tanto, defiende que es "un criterio más realista, porque todavía no hemos podido ingresar nada de la sanción" y ve "lógico dotar como dudoso cobro una mayor cuantía de la misma".

Por otra parte, el concejal ha destacado que el Consistorio prevé lograr un ahorro anual de unos 20 millones de euros en 2013 con el plan de ajuste aprobado como consecuencia del Real Decreto de pago a proveedores.

En dicho plan, se produce igualmente "un ahorro anual en altos cargos y personal del confianza de 1,7 millones; se han limitado sueldos de personal directivo del sector público con ahorro anual de 105.000 euros; se han eliminado todas las dietas de asistencia a consejos de administración con un ahorro anual de 42.000 euros; se han eliminado todas las cláusulas de blindaje de contratos de gerentes de empresas municipales", y se producen otros ahorros en contratación administrativa como en telefonía "con ahorro de 246.000 euros al año o 400.000 euros al año en energía eléctrica".

En cuanto a la escuela infantil municipal, el concejal aclara que "no se va a cerrar", sino que "se contempla cambio en el modelo de gestión indirecta por una asociación o empresa" por el coste de mil euros al mes por niño que tiene que sufragar el Consistorio, aunque "si la Junta quiere, que asuma directamente la gestión", según apostilla Bellido, quien a su vez subraya que la residencia municipal se prevé gestionar de igual modo que la guardería debido al coste de "43.000 euros al año por una plaza", cifra que es "más del doble de lo que se concierta una plaza por parte de la Junta".

Sobre los organismos autónomos, como la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU); el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba, o el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba, el edil de Hacienda apunta a la "municipalización de servicios, que desaparezcan los organismos autónomos y esas competencias las asuma el Ayuntamiento como propias", porque, tal y como declara, "el modelo es absolutamente ineficaz e insostenible en el tiempo".

En concreto, la GMU tuvo un desfase en sus cuentas en el año 2011 de unos 3,4 millones de euros; el Imdeec, 2,3 millones, y el Imdecor, dos millones de euros. Todo ello produce que "el dinero que envía el Ayuntamiento se acaba yendo en costes estructurales y de personal", según detalla Bellido, al tiempo que puntualiza que la municipalización "no implica que se pierdan puestos de trabajo" y subraya que el gobierno municipal sigue "con la mano tendida" a los sindicatos para la negociación del plan de ajuste.

Plazo para los proveedores

En otro orden de cosas, el concejal de Hacienda ha resaltado que tras remitir el Ayuntamiento al Gobierno las facturas pendientes de pago con los proveedores, estos tienen de plazo hasta el 22 de abril para confirmar que se acogen al mecanismo de pago, que pueden consultar en la web del Ayuntamiento y la Agencia Tributaria.

Mientras, el Ejecutivo central tiene de plazo hasta el 30 de abril para dar el visto bueno al plan de ajuste presentado por el Consistorio y tras ello en el Pleno municipal del mes de mayo se prevé constituir la comisión de expertos que analice la puesta en marcha del plan de ajuste, que cada trimestre revisará el Gobierno.