El 54,84 por ciento de los gastos de explotación de la Sociedad Pública de Extremadura (GPEX) durante el pasado año 2010, y que suponen unos tres millones de euros, corresponden a otros servicios, dietas y gastos de viajes para los que "no existe ningún tipo de justificación".

Además, el 20,03 por ciento de estos gastos de explotación, que suma un millón de euros, se gastó en arrendamientos "blindados", entre los que destaca un local en la calle Octavio Augusto de Mérida, que se alquiló durante 2009 y 2010, y posteriormente se pagó la rescisión del contrato anticipado por 165.360 euros, y que "nunca fue utilizado".

Estos son algunos datos de la auditoría de GPEX correspondiente al año 2010, que la empresa ATD Auditores del Sector Público SL ha realizado por encargo del Gobierno de Extremadura, y cuyos resultados ha presentado en rueda de prensa en Mérida el consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla, quien ha concluido que esta sociedad es "un modelo paradigmático de huida del derecho administrativo".

Una auditoría que ha revelado además que alrededor de 15 personas que fueron contratadas como altos directivos de GPEX, como cargos de confianza política por parte del anterior Gobierno socialista, posteriormente "se convirtieron en contratos laborales ordinarios".

Ante los datos de esta auditoría, Nevado-Batalla ha anunciado que el Consejo de Gobierno del Ejecutivo extremeño analizará en su reunión de este viernes sus resultados, y decidirá si traslada a la Fiscalía esta información, ya que en su opinión "puede haber perfiles razonables y serios de verificación de algún tipo penal".

"notables deficiencias" en la selección de personal

En su intervención, el consejero de Administración Pública ha destacado que esta auditoría pone de manifiesto las "notables deficiencias existentes en materia de reclutamiento de personal", cuya selección "no se ha ajustado" a los principios que deben regir toda contratación en el sector publico, como mérito, capacidad, transparencia o publicidad.

Así, Nevado-Batalla ha explicado que se pone "especial énfasis" en el tratamiento contractual del personal directivo, en el que se han constatado "desviaciones retributivas", de tal forma que este personal que tenía "funciones de gestión directa", cobraba entre un 18 y un 133 por ciento más de lo que correspondía a puestos de su naturaleza en la administración.

Además, y según ha añadido el consejero, se hizo un "blindaje de hecho" del personal directivo, por el que "contrataciones que en origen eran personal directivo", tras la "ficticia fusión de empresas que hubo en el grupo GPEX" esos contratos "se reconvirtieron en contrataciones laborales ordinarias", señala.

Esta reconversión se realizó en "todos los contratos de alta dirección de todas las empresas que formaban parte del Grupo GPEX", y que en total afectaron a alrededor de 15 personas.

Estas "deficiencias" que ha destapado la auditoría demuestra también, ha señalado el consejero, que "el dinero de los extremeños está sirviendo para pagar indemnizaciones que en principio no tendrían que haber sido así de haberse adoptado las decisiones en materia de contratos que se tomaron en su momento".

"irregularidades" en contratación de proveedores

Respecto a la contratación con proveedores, el consejero de Administración Pública ha explicado que la auditoría ha detectado "irregularidades" en "prácticamente el 90 por ciento" de las contrataciones realizadas

Y es que, según los datos que ha aportado, la contratación con proveedores supuso en 2010 un total de 7.155.776 euros, de los que se han encontrado "incidencias" en 6.434.012 euros, que van "desde la inexistencia de informes de necesidad" hasta la ausencia de la constatación de que se realizara el servicio contratado.

Con todos estos datos, el consejero de Administración Pública ha señalado que esta auditoría ha "confirmado" la idea que el Gobierno de Extremadura había "percibido" al comenzar a gobernar, de que esta empresa que "decía ser socialmente responsable y que era un modelo de calidad", en realidad "no hay proporción entre esa imagen pública y la realidad".

Realidad técnica y rigurosa

Se trata de una "realidad técnica, rigurosa y objetiva" la que ha mostrado esta auditoría, ha señalado Nevado-Batalla, quien ha apuntado que sus datos destapan la existencia de "irregularidades ciertamente graves", como la "inexistencia de justificaciones a la hora de contratar" y la "ausencia absoluta de justificaciones a la hora de realizar viajes o gastos en dietas", o la "opacidad" en otros gastos.

Ante esta situación, el consejero de Administración Pública propondrá al Consejo de Gobierno la posibilidad de trasladar los datos de esta auditoría a la Fiscalía, por si pudiera existir "algún tipo de fraude" o "delito", ha dicho.

"Cuando se contrata algo, por ejemplo un local, y no se utiliza pero se paga, a mi cuanto menos me sorprende", al igual que cuando se contrata una obra o servicio y no existe "testimonio alguno" de que se haya realizado, ha apuntado Nevado-Batalla, quien ha apostado por que sea la Fiscalía la que valore esta información.

Contrato de jaime ruiz peña

Por otra parte, el consejero de Administración Pública también se ha referido a la decisión de un Juzgado de Badajoz de desestimar la demanda presentada por el ex director general de GPEX, Jaime Ruiz Peña, tras su despido del grupo empresarial de la Junta a raíz de la llegada del PP al Gobierno extremeño, ya que entendía que no se ajustaba a derecho.

Pedro Tomás Nevado-Batalla ha valorado que esta sentencia supone un "primer paso y un espaldarazo a la política de personal" del Gobierno de Extremadura.

Y es que, según ha considerado el consejero, "una persona contratada como alta dirección, no puede mutar a contrato" laboral, y en ese sentido ha recordado que Ruiz Peña ya fue indemnizado "por su contrato de alta dirección".

Nevado-Batalla ha añadido que en caso de que Ruiz Peña hubiera ganado esta demanda judicial, GPEX tendría que haberle indemnizado con más de 100.000 euros, por lo que valorado el dinero que se han ahorrado las arcas públicas extremeñas.

"No hace falta ser adivino para saber que esa sentencia supongo que será recurrida por Jaime Ruiz Peña, y ya veremos qué sucede en segunda instancia. Pero el uno va antes que el dos", ha aseverado.