El 54,84 por ciento de los gastos de explotación de la Sociedad Pública de Extremadura (GPEX) durante el pasado año 2010, y que suponen unos tres millones de euros, corresponden a otros servicios, dietas y gastos de viajes para los que "no existe ningún tipo de justificación".

Además, el 20,03 por ciento de estos gastos de explotación, que suma un millón de euros, se gastó en arrendamientos "blindados", entre los que destaca un local en la calle Octavio Augusto de Mérida, que se alquiló durante 2009 y 2010, y posteriormente se pagó la rescisión del contrato anticipado por 165.360 euros, y que "nunca fue utilizado".

Estos son algunos datos de la auditoría de GPEX correspondiente al año 2010, que la empresa ATD Auditores del Sector Público SL ha realizado por encargo del Gobierno de Extremadura, y cuyos resultados ha presentado en rueda de prensa en Mérida el consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla, quien ha concluido que esta sociedad es "un modelo paradigmático de huida del derecho administrativo".

Una auditoría que ha revelado además que alrededor de 15 personas que fueron contratadas como altos directivos de GPEX, como cargos de confianza política por parte del anterior Gobierno socialista, posteriormente "se convirtieron en contratos laborales ordinarios".

Ante los datos de esta auditoría, Nevado-Batalla ha anunciado que el Consejo de Gobierno del Ejecutivo extremeño analizará en su reunión de este viernes sus resultados, y decidirá si traslada a la Fiscalía esta información, ya que en su opinión "puede haber perfiles razonables y serios de verificación de algún tipo penal".