El juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Palma contra el exgerente de Baleares Informática Balear (Bitel) Damià Vidal y otros tres acusados ha quedado visto para sentencia, después de que las acusaciones y las defensas hayan expuesto sus conclusiones e informes finales. En su turno, el abogado de Vidal ha llegado a admitir la comisión de un presunto delito de apropiación indebida, por el que ha reclamado seis años de prisión como alternativa a la pena solicitada por la Fiscalía -12 años de cárcel-.

Junto al exgerente, para quien el Ministerio Público rebajó en dos años su petición de condena, también han sido juzgados el exsecretario de Bitel, Sebastián Romaguera, quien se ha conformado con la pena solicitada para él -una multa de 5.400 euros-; el ingeniero informático Iván Guardia -para quien la Fiscalía solicita un total de 20.680 euros de multa- y el exdirigente de las Nuevas Generaciones del PP, Ramón de la Iglesia -petición de 7.380 euros de multa-.

Mientras tanto, el fiscal Pedro Horrach retiró sus acusaciones contra el exjefe financiero de la empresa, Miquel Simonet, para quien inicialmente reclamaba dos años de privación de libertad. En su intervención, Horrach ha acusado a Vidal, en libertad bajo fianza de 200.000 euros, de haber ideado y planificado diversas actuaciones dirigidas a apoderarse de ingentes cantidades de los fondos públicos de los que tenía poder cuando estaba al frente de la entidad, aprovechando para ello la falta total y absoluta de controles administrativos y financieros.

Para ello, ha precisado, utilizó diversos mecanismos, entre ellos el uso de la tarjeta de crédito de la sociedad en beneficio privado y realizando transferencias desde la cuenta de Bitel a la suya propia.

La Fiscalía y la acusación particular observan asimismo la recepción y el abono de facturas emitidas siempre por las mismas personas o entidades -De la Iglesia, Iván y Alexandre Guardia, Hélix Infocom y Auditoría Informática Balear-, que aparecen de forma reiterada en la contabilidad de la empresa pública en el marco de "una ausencia total y absoluta de documentos que soporten los conceptos facturados".

Así, en su escrito de calificación definitivo, formulado de forma conjunta con Bitel como acusación particular, asevera que "no estamos ante meras irregularidades sino ante infracciones evidentes, flagrantes y clamorosas", añade la Fiscalía, que llega a postular que "absolutamente todos los expedientes de contratación analizados son simulados" y con ello "sólo se pretende dar apariencia de legalidad a decisiones prevaricadoras".

El abogado de vidal:

"mi defendido no era funcionario"

Sin embargo, ante todas estas afirmaciones el letrado de Vidal, Eduardo Valdivia, ha recriminado la "falta de rigor" de las acusaciones al defender que su patrocinado "no era funcionario público "a efectos penales" como también ha aseverado que Bitel "no participaba en el ejercicio de la función pública" ni su tesorería "formaba parte del caudal público".

En su intervención, el abogado ha lamentado que "se haya sometido a juicio desde el primer al último día en que Vidal estuvo al frente de Bitel" y además ningún perito "haya hablado del perjuicio ocasionado" en la empresa, a pesar de que "se le acusa de delitos de malversación y cohecho". "Así las cosas, deberá ser el tribunal el que verifique si hubo facturas duplicadas o pagos sin justificar, entrando en un mundo que no le compete", ha subrayado.

Asimismo, Valdivia ha criticado que durante el juicio las acusaciones hayan introducido hechos nuevos, "alterando las garantías procesales y afectando al derecho de defensa". "¿Qué criterios han seguido para incluir unas facturas y otras no?", se ha preguntado al respecto.

Vidal admite un presunto delito de apropiación indebida

El abogado ha solicitado por tanto la libre absolución del exgerente de Vitel, si bien ha pedido como alternativa la condena de su defendido a seis meses de cárcel por un supuesto delito de apropiación indebida en el caso de cuatro facturas contra Hélix "que, lo admitimos, no corresponden a trabajo real alguno". Junto a ello ha reclamado que se apliquen las atenuantes de enajenación mental y reparación del daño producido.

Se da la circunstancia de que Vidal fue perito de la defensa en el primer sumario del caso Bitel, que indagaba si desde la Secretaría de Matas en su primer mandato fue espiado el correo electrónico del entonces presidente de la Comisión Insular de Urbanismo, el socialista Francesc Quetglas.

Este es uno de los primeros juicios que tienen lugar por las presuntas irregularidades cometidas al frente de diversos organismos públicos durante el último mandato de Jaume Matas, quien por su parte está siendo investigado en el marco del caso Palma Arena y se encuentra en libertad bajo fianza de 2,5 millones de euros, una de las más altas impuestas a un político en España.