El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, ha asegurado este martes que el Gobierno de Cantabria no será "cicatero" a la hora de fijar las indemnizaciones por derribos. "La indemnización tiene que ser coherente con el daño que se está ocasionando a estos vecinos", ha subrayado.

Fernández se ha pronunciado así tras la reunión que ha mantenido en su despacho con la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a los afectados por sentencias de derribo, y a petición de ésta para hacer un seguimiento de los procedimientos y cumplimiento del plan del Gobierno para ejecutar las sentencias de derribo.

Al ser preguntado por la prensa sobre una posible negociación con los afectados de los expedientes de responsabilidad patrimonial, el titular de Urbanismo ha afirmado que sí se negociarán, como se anunció en el grupo de trabajo de Cerrias, donde los expedientes se iniciarán de oficio y donde desde la Consejería "vamos a tratar de llegar a un acuerdo indemnizatorio con esas siete familias".

Ha explicado que él no es competente "más que para firmar la resolución" sino que son los técnicos quienes tendrán que decidir los parámetros, aunque ha puntualizado que sí pedirá a éstos que "utilicen los criterios legales pero buscando la máxima justicia, es decir, el valor real de las viviendas".

"Hay unos parámetros para valorar y no podemos apartarnos de lo que dice la ley, pero dentro de los márgenes que nos señale buscaremos siempre una adecuación al valor real de lo que se va a demoler", ha indicado.

En este sentido ha precisado que no se puede utilizar como parámetro de valoración lo que las viviendas costaron en su día "porque ese no es el que establece la ley", pero "aquí la Administración no va a ser cicatera a la hora de fijar las indemnizaciones". Así ha reiterado que, "sin salir del margen de la ley", el Gobierno buscará "indemnizaciones más justas, más acordes con el valor real de esas viviendas que se van a demoler".

La Consejería estima que unas 150 viviendas no podrán ser legalizadas, incluyendo las 17 de Cerrias (pendientes de la reforma de la Ley de Costas), 102 de La Arena y un número "indeterminado" en Argoños hasta que no se apruebe la revisión de su Plan General de Ordenación Urbana, que concretará las que tendrán amparo.

De hecho, en los "próximos meses" se procederá a la demolición de una vivienda en Argoños, que no está habitada. AVANCES

Por otra parte, el consejero ha informado de que todos los supuestos "van avanzando", en unos casos modificando el planeamiento, como en Arnuero (que ya tiene la aprobación inicial), Miengo, San Vicente de la Barquera o Escalante.

En otros, como en Argoños, la situación es "más compleja" porque a la revisión del Plan General se suma la modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. Y en Cerrias hay una comisión específica que está estudiando propuestas de modificación de la Ley de Costas para elevar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al tiempo que están "a punto" de comenzarse los expedientes de responsabilidad patrimonial.

De hecho, Fernández ha precisado que a lo largo del año se iniciarán los expedientes de responsabilidad patrimonial de siete viviendas y se realizará la valoración mientras se espera a saber si la Ley de Costas puede amparar una posible legalización.

En este sentido, ha valorado positivamente cualquier "concreción" de la Ley de Costas, como el anuncio realizado este lunes por el ministro Miguel Arias Cañete de impulsar una hoja de ruta para la reforma de esta norma. "Si la Ley de Costas se va a reformar y es posible una legalización, ojalá lo sepamos lo antes posible porque lo peor que podemos hacer es tener a las familias en una situación de indefinición permanente", ha señalado.

Por otra parte, tras recordar que la solución de los derribos pasa por una "ruta larga, compleja y que hay que ir viendo caso a caso", ha destacado la conveniencia de mantener reuniones periódicas de trabajo con los afectados, como la que se celebrará a finales de mayo en la que se les expondrá la información que el Gobierno trasladará a los órganos judiciales con el fin de que realicen aportaciones.

Al respecto, el presidente de AMA, Ciríaco García, ha manifestado que en este colectivo están "satisfechos" con la información que han recibido aunque esperan a mayo, cuando ésta será "más concreta y precisa".