El Defensor del Pueblo Andaluz muestra su preocupación por la aparición en la comunidad de ejemplares de especies amenazadas muertos por electrocución como consecuencia de los impactos con el tendido eléctrico, por lo que ha instado a la Administración ambiental autonómica y a las compañías responsables de estas instalaciones a "redoblar esfuerzo" para evitar este tipo de casos.

Así, según el Informe Anual 2011 de la Defensoría del Pueblo Andaluz, recogido por Europa Press, la Oficina del Defensor reclama a la Consejería de Medio Ambiente y a las compañías responsables de estas instalaciones que "redoblen sus esfuerzos" para evitar este tipo de supuestos, aunque "sin menoscabo de las actuaciones que la Institución acometa para verificar la adecuación de la actuación administrativa a los requerimientos del ordenamiento jurídico".

De esta manera se ha pronunciado el Defensor del Pueblo Andaluz después de que durante el año pasado haya incoado de oficio una queja tras tener constancia de informaciones en los medios de comunicación sobre la muerte por electrocución de tres águilas, dos imperiales y una perdicera, en la provincia de Cádiz.

En este sentido, según se desprendía de la citada noticia, las investigaciones iniciales apuntaban a que la causa de los accidentes había sido "el mal estado de conservación de unos tendidos eléctricos, en dos de los casos, y la inexistencia de suficientes elementos de aislamiento en el tercero", según refleja la información de la Oficina de la Defensoría del Pueblo Andaluz en el Informe Anual de 2011.

Por todo ello, la Institución quiere dejar constancia "expresa" de su "preocupación" por la aparición de supuestos de este tipo, "máxime cuando los mismos se producen a escasos kilómetros del área de hacking del programa de reintroducción del águila imperial en la provincia de Cádiz".

La Oficina que dirige José Chamizo lamenta, sobre todo, que "los ímprobos esfuerzos que se están llevando a cabo para la recuperación de especies animales como estas se hacen inútiles si no van acompañados de la implementación y el mantenimiento de las mínimas medidas correctoras que precisan instalaciones como las causantes de tan desgraciado acontecimiento".

Con todo, el Defensor del Pueblo reclama a la Administración ambiental autonómica y a las compañías responsables de estas instalaciones que "redoblen sus esfuerzos" para evitar este tipo de supuestos.

Ordenanzas municipales

Por otro lado, y en referencia siempre a las actuaciones realizadas por la Institución de José Chamizo en materia de fauna, el Informe Anual 2011 recoge la "conveniencia de aprobar ordenanzas municipales de tenencias de animales".

Así, reconoce que son "frecuentes" las quejas de la ciudadanía como consecuencia de las molestias que a veces generan los animales domésticos criados en entornos urbanos. "Ladridos, aullidos, defecaciones y orines en la vía pública o malos olores son, en la mayoría de los casos, el origen de los problemas que nos son planteados", ha añadido al respecto.

Ante esto y con el fin de ofrecer una respuesta adecuada a dichas quejas, el Defensor del Pueblo Andaluz considera "necesario" valorar la situación puesta de manifiesto en atención a lo dispuesto por las normas que resultan de aplicación. En este sentido, en lo que afecta a la protección de los animales, resulta imprescindible atender al régimen jurídico contenido en la Ley 11/2003, de 24 de Noviembre.

Dicha norma, según precisa el Informe Anual 2011, tipifica como infracción administrativa la perturbación, por parte de los animales, de la tranquilidad y el descanso de los vecinos, la no recogida inmediata de los excrementos evacuados por el animal de compañía en las vías públicas o el no mantener a los animales en buenas condiciones higiénico-sanitarias.

No obstante, apunta que lo anterior, una norma como la citada con rango de Ley y de ámbito regional, no puede ni debe dar respuesta a todas y cada una de las situaciones particulares que se puedan plantear, atendiendo además a las circunstancias concretas que puedan concurrir en cada municipio.

Por este motivo, a través de diferentes actuaciones, el Defensor del Pueblo Andaluz ha sugerido la posibilidad de recurrir a estas normas reglamentarias de ámbito municipal para poder reglar "convenientemente" las situaciones descritas. Y es que, según subraya, la tenencia de "un régimen regulatorio adecuado, su conocimiento por la población y su aplicación efectiva por los poderes públicos son elementos indispensables para evitar los problemas de convivencia vecinal que comentamos".