Según el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a diciembre de 2002, cuando el acusado Manuel H.G., en representación de una empresa inmobiliaria, compró una finca de 19.000 metros cuadrados en Chiclana, en un terreno baldío sin edificación ni vallado alguno. Siete meses más tarde, realizó una escritura pública de obra nueva, división horizontal y compraventa y lo vendió a una inmobiliaria representada por la acusada María de los Ángeles G.U.

Para ello, ambos acusados se concertaron con el también acusado Francisco Carlos T.S., arquitecto técnico, a fin de que certificara una serie de extremos "del todo inciertos", como que la parcela tenía 1.300 metros, que existía una construcción de unos cinco años de antigüedad, y procedía a la constitución de un régimen de propiedad horizontal que afectaba a dos presuntos departamentos. A continuación, se procedía en la misma escritura a la venta de la finca en su totalidad a la inmobiliaria representada por la acusada.

Por otro lado, con el fin de justificar la existencia de los metros cuadrados restantes de la finca, la acusada se concertó con el también acusado y cuñado suyo Francisco José F.R. y realizaron dos escrituras de compraventa; una de ellas correspondiente a una finca de 712 metros.

Tres unifamiliares

Una vez preparada la documentación, la acusada contrató, en calidad de promotora, la realización de las obras de cerramiento y edificación de tres unifamiliares con el también acusado José O.G., obviando el hecho de que dichas fincas se encontrarían en terrenos clasificados como suelo no urbanizable de especial protección.

Según el escrito del fiscal, se tiene constancia de que en octubre de 2003, cuando se estaban llevando a cabo trabajos de cerramiento de la obra, la Gerencia Municipal de Urbanismo levantó acta de precinto y ordenando la suspensión inmediata de la ejecución de las obras. Pese a todo, siguieron ejecutándose.

Posteriormente, Francisco José F.R. se concertó con el acusado Diego G.G, ingeniero técnico industrial, para lograr el otorgamiento de escritura de obra nueva. Realizadas las operaciones tendentes a generar en los futuros compradores, lograron vender las tres fincas a tres parejas —a precios de entre 80.000 y 95.000 euros—.

Petición de penas

El Ministerio Fiscal considera que los hechos relatados son constitutivos de delitos contra la ordenación del territorio, dos delitos de falsificación de documentos oficiales y un delito continuado de estaba, de los que serían responsables los anteriormente reseñados.

Así las cosas, pide para María de los Ángeles G.U. seis años de cárcel, dos de inhabilitación para profesión u oficio relacionado con la construcción, tres de inhabilitación para empleo o cargo público, una multa de 20 meses a razón de 15 euros diarios y otra de 12 meses a igual cuantía, más costas.

Para José O.G. solicita dos años de prisión, 20 meses de multa a razón de 15 euros diarios, inhabilitación para profesión u oficio relacionado con la construcción y costas. Para Francisco Carlos T.S pide cuatro años de cárcel, una multa de 15 meses e inhabilitación para empleo o cargo público durante cuatro años.

Para Manuel H.G. reclama cuatro años de cárcel, una multa de un año e inhabilitación para empleo o cargo público durante tres años. Por otro lado, pide para Diego G.G. otros cuatro años de cárcel, una multa de 15 meses e inhabilitación para empleo o cargo público cuatro años.

Finalmente, para Francisco José F. R. pide once años de prisión, una multa de 12 meses a razón de 15 euros diario y otra de 20 meses, además de tres años de inhabilitación para empleo o cargo público y costas procesales.