UPyD rechaza los PGE por recortar políticas sociales y no abordar la supresión de duplicidades en CCAA

Sánchez afirma que antes de reducir en Educación o Dependencia habría que suprimir todos los organismos cuya función ya ejecuta el Estado
Rafael Sánchez
Rafael Sánchez
EUROPA PRESS
Rafael Sánchez

El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha mostrado el rechazo de su formación política a las PGE que hoy han sido presentados.

Sánchez ha repasado los aspectos más importantes de los PGE y ha denunciado el intenso recorte en Educación, Dependencia o I+D+I, "mientras que el Gobierno del PP no entra en el ajuste del gasto autonómico en organismos duplicados, que son insostenibles en estos momento y que retrasa y evita".

En este sentido, el coordinador regional de UPyD ha recordado la propuesta que ha formulado su partido para que se supriman en la CARM el Defensor del Pueblo, el Consejo Económico y Social y el Consejo Jurídico, que supondría una reducción de casi 4 millones de euros.

"Por algún lado hay que empezar para reducir el déficit y hay que redefinir prioridades: los organismos duplicados son los primeros que hay que suprimir antes que recortar en Sanidad o Educación, teniendo en cuenta, además, que se duplican las funciones que realizan otros organismos estatales".

Sánchez ha insistido en la reducción en estos Presupuestos de partidas muy delicadas, que afectan al crecimiento de la economía, como el gasto en Fomento, la I+D o la formación a los parados, que se recorta en 1500 millones, contradiciendo así uno de los supuestos objetivos de la última reforma laboral del Gobierno. Además, ha subrayado que "resulta impresentable la amnistía fiscal que incluyen los PGE".

En lo que afectan a la Región de Murcia, Rafael Sánchez ha señalado que se recibirán 375,67 millones de euros de inversión real en 2012, un 28,6 por ciento menos que el año anterior en infraestructuras, Y en el capítulo de Dependencia, de los 283 millones de recortes, 8,5 millones de euros se dejarán de percibir en la Región para el denominado "nivel acordado", destinado a infraestructuras, con lo que las prestaciones se van a reducir directamente y supondrá la paralización en la aplicación de la Ley.

Para finalizar, Rafael Sánchez ha indicado que en estos PGE "queda claro que el Gobierno del PP sigue sin tener voluntad política para acometer las reformas en el ámbito territorial que España necesita".

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