El titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de investigar un agujero económico de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo, decidirá si une la investigación de Fiscalía sobre el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), José Juan Morenilla, cuando se pronuncie sobre si le imputa o no en su procedimiento.

Así consta en una providencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), con fecha de este lunes, en la que se pronuncia sobre la denuncia que le remitió a finales de marzo la fiscal jefa de la provincia de Valencia, Teresa Gisbert, —interpuesta por el PSPV— contra Morenilla, por posible desvío de fondos de la entidad y presunto enriquecimiento ilícito. La fiscal decidió remitirla al juzgado con el objeto de que la uniera a las investigaciones que está practicando.

Al respecto, el magistrado recuerda que el ministerio fiscal y las partes acusadoras presentes en el procedimiento que instruye ya han interesado que Morenilla sea llamado a declarar en calidad de imputado, al observar presuntas irregularidades.

De esta forma, el juez entiende que hasta que no se resuelva sobre esta petición de imputación, no debe pronunciarse sobre si une a la causa la investigación que se instruía en Fiscalía. Así, indica que solo cuando se decida sobre la imputación, se podrá valorar la existencia o no de relación de conexidad entre los hechos objeto de las diligencias de investigación en el ministerio público y los hechos objeto de las diligencias en el juzgado.

Por otro lado, en diferentes decretos, el magistrado se refiere a las fianzas y embargos de varios imputados en el procedimiento. En concreto, sobre Antonio José Arnal, hermano del ex director financiero de Emarsa; Daniel Calzada, administrador de las empresas Llar Calzada S.L. y Rehabilita Aqua S.L.; y María Paz García Martínez, administradora de las empresas Construcciones Rocafort y Valmasark.

Respecto al primero, Antonio José Arnal, el magistrado le fijó una fianza de 100.000 euros para cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse a lo largo del procedimiento. Para cubrir esta cantidad, el imputado aportó sus participaciones sociales —del 99 por ciento— en Arrima Centre de Estudis S.L y Mirador Aquarium Servicios S.L.; un vehículo; un fondo de inversión valorado en 5.288,89 euros; y un plan de pensiones por importe de 10.098,28 euros.

El juez ordena embargar todos estos bienes pero, ante la posibilidad de que los mismos no lleguen a cubrir la fianza fijada, acuerda asimismo el embargo de los saldos de tres cuentas bancarias; de una vivienda; y de una plaza de garaje.

Sobre Daniel Calzada, la fianza asciende a 500.000 euros. Sin embargo, en este caso, para cubrirla, el imputado no aportó en el juzgado ningún bien de su propiedad. Ante ello, el magistrado ha decidido embargarle los saldos de dos cuentas bancarias; y sus participaciones en Artalacalta 2011 S.L. —50 por ciento—; en Llar Calzada —98 por ciento— y en Rehabilita Aqua S.L. —96,93 por ciento—.

Por último, a la imputada María Paz García le consta una fianza de 3.650.000 euros, y para cubrirla tampoco señaló ningún bien de su propiedad. Así, como en el caso anterior, el juez ha ordenado que se le embargue el saldo de una cuenta; una vivienda unifamiliar; un plan de pensiones; y sus participaciones en las empresas Construcciones y Reformas Rocafort —99,98 por ciento—; Mantenimientos Valmasmark S.L. —99,6 por ciento—; y Construcciones Valsebe S.L. —50 por ciento—.

Documentación emshi

Por otro lado, en un auto con fecha de 30 de marzo, el magistrado acuerda no incorporar al procedimiento la documentación bancaria aportada por la Emshi sobre Marsal Arnal Servicios S.L. y Management de Azafatas y Servicios S.L., que se hallaba entre los archivos de Emarsa junto con documentación personal del ex director financiero Enrique Arnal.

El magistrado ha adoptado esta decisión tras escuchar al abogado de Arnal, quien se opuso a la incorporación puesto que su cliente no había prestado su consentimiento para que su documentación fuera sacada del armario en la que lo guardaba, cerrado con llave, por lo que vio afectado su derecho a la intimidad.