El juicio que tiene lugar en la Audiencia Provincial de Palma por el presunto desvío de 700.000 euros a través de la empresa pública Bitel y que tenía previsto quedar este lunes visto para sentencia, ha sido aplazado al 10 de abril, a partir de las 10.00 horas, a petición de las defensas. El juicio debía arrancar el pasado 20 de febrero -finalmente lo hizo el 5 de marzo- y desde entonces ha sido pospuesto en varias ocasiones.

El tribunal de la Sección Segunda ha adoptado esta decisión después de que el abogado del principal acusado, el exgerente de Bitel Damià Vidal, lamentase haber visto esta mañana modificado el escrito con las conclusiones definitivas de las acusaciones que el pasado miércoles fue notificado a las defensas.

"Estaba fumando un cigarrillo con mi compañero José Ignacio Herrero cuando he visto que la copia que él tenía era distinta a la mía. Es inadminisible que se nos haga hoy entrega del escrito definitivo", ha comentado el letrado Eduardo Valdivia ante el tribunal y el resto de las partes.

Sin embargo, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha quitado hierro al asunto al afirmar que la única modificación que desde el miércoles se ha realizado ha sido en forma, y no en contenido, al haberse aplicado en el escrito un cambio de letra, una nueva numeración de los apartados y espacios entre los párrafos, además de haberse sustituido el listado de cargos y reintegros de dinero por su distribución en anexos.

"Todo se mantiene íntegro", ha alegado el fiscal, quien al hilo de lo anterior ha aseverado no entender la "indefensión" alegada por el letrado de Vidal y ha considerado que "parece más una excusa para que no se celebre el juicio". "Las conclusiones están tomando derroteros que no me gustan", ha manifestado en ese instante el presidente del tribunal, el magistrado Eduardo Calderón.

En concreto, durante esta jornada debían tener lugar la fase de prueba documental que queda pendiente, las conclusiones y los informes finales. Junto a Vidal, para quien la Fiscalía y la Abogacía de la Comunidad Autónoma solicitan 14 años de cárcel, también se sientan en el banquillo el exsecretario de Bitel, Sebastián Romaguera; y el ingeniero informático Iván Guardia; el ingeniero y exdirigente de Nuevas Generaciones del PP e ingeniero Ramón de la Iglesia, quienes han reconocido su participación en los hechos enjuiciados, mientras que Vidal se acogió a su derecho de no declarar.

Mientras tanto, el Ministerio Público ha retirado su acusación contra el exjefe financiero de la empresa, Miquel Simonet. En su escrito de calificación provisional, la Fiscalía aseveraba que el principal acusado de este caso utilizó varios mecanismos para hacerse con el dinero público, entre ellos haciendo uso de la tarjeta de crédito de la sociedad en beneficio privado, realizando transferencias desde la cuenta de Bitel a la suya propia, adjudicando contratos a una empresa de su propiedad y cobrando comisiones por contratos, que ascenderían a unos 30.000 euros.

Se da la circunstancia de que Vidal, en libertad bajo fianza de 200.000 euros, fue perito de la defensa en el primer sumario del caso Bitel, que indagaba si desde la Secretaría de Matas en su primer mandato fue espiado el correo electrónico del entonces presidente de la Comisión Insular de Urbanismo, el socialista Francesc Quetglas.

Este es uno de los primeros juicios que tienen lugar por las presuntas irregularidades cometidas al frente de diversos organismos públicos durante el último mandato de Jaume Matas, quien por su parte está siendo investigado en el marco del caso Palma Arena y se encuentra en libertad bajo fianza de 2,5 millones de euros, una de las más altas impuestas a un político en España.