El pleno del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado este viernes, con los votos a favor del PP y el rechazo de IULV-CA y PSOE, el plan de ajuste presentado por el equipo de gobierno para el cumplimiento del Decreto 7/2012 y con ello el pago a todos proveedores municipales, mediante un ahorro de 300 millones de euros en diez años.

Se trata de un conjunto de medidas que este mismo viernes han comenzado a aplicarse con el visto bueno por parte de la totalidad del pleno de anular la licitación de un nuevo contrato de gestión tributaria, inspección y recaudación de tributos, que supondrá "un ahorro de 2,5 millones de euros anuales", al prestarse con la plantilla municipal.

El portavoz del equipo de gobierno, Francisco Moro, ha defendido la aplicación de este plan de ajuste como una medida "responsable y necesaria" con la que se asegura "la estabilidad de la plantilla municipal sin que se produzca ningún despido" y con la que se van a poner "la bases para empezar a invertir de nuevo en la capital, recuperando las inversiones en dos o tres años".

Asimismo, Moro ha tendido la mano a los sindicatos del Consistorio para "consensuar con ellos las diferentes medidas", asegurando que "estamos abiertos a las propuestas y alternativas que nos presenten los sindicatos".

"Nosotros hemos sido serios en los deberes que nos ha puesto el Gobierno y hemos sido capaces de presentar un plan que asegura la inyección en la ciudad de 83 millones de euros en los próximos meses y la viabilidad de los servicios públicos", ha remarcado.

"Vamos a asegurar el saneamiento de las cuentas, el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el pago futuro a todos nuestros proveedores y la garantía de estabilidad a nuestra plantilla", según ha subrayado el portavoz 'popular'.

Rechazo de la oposición

Por su parte, en declaraciones a los periodistas antes de la sesión plenaria, los portavoces del PSOE e IULV-CA, — el de Mesa de la Ría ha justificado su ausencia—, Gabriel Cruz y Pedro Jiménez, respectivamente, han mostrado su rechazo a este plan porque, como ha matizado el socialista, "hipoteca el presente y el futuro de Huelva".

En esta línea, Cruz ha remarcado que "todo está encaminado a tapar un agujero de 350 millones de euros" fruto de la "mala gestión" de 17 años de gobierno del PP en la capital. Convencido de que este plan, "carga sobre los hombros de los onubenses y los trabajadores municipales", ha remarcado que las medidas que traerán son "una subida indiscriminadas de impuestos, rebaja de un 20 por ciento de los sueldos de los empleados públicos y una merma de los servicios públicos".

De este modo, el portavoz socialista ha lamentado que "se toque el sueldo de los trabajadores cuando se mantiene el 50 por ciento de los alquileres cuando hay edificios municipales suficientes".

Jiménez, que ha reprochado al equipo de gobierno "su política derrochadora", ha vaticinado "una situación de conflictividad laboral" en el Ayuntamiento porque las medidas del plan de ajuste en materia de personal "afectarán al empleo". También considera que no tiene sentido que "primero se apruebe el plan y después se abra el proceso de negociación".

De otro lado, el responsable del Sector de Administración Local de CSI-F en Huelva, Juan Manuel Quirón Gómez, ha manifestado a los medios que las negociaciones comenzarán el próximo día 16 y espera que no se vea afectado el empleo, ni los salarios.

Contenido del plan de ajuste

El plan de ajuste se sustenta en la "austeridad" municipal, restringiendo el gasto anual con diferentes medidas como la reducción de un 25 por ciento de los gastos políticos, la supresión de los cargos de gerentes de los organismo autónomos y la bajada de sueldo de los gerentes de las empresas municipales, así como la disolución de la Gerencia de Urbanismo, Huelva Impulsa y del Patronato Municipal de Cultura.

En el capítulo de personal se ha establecido, como garantía de todos los puestos de trabajo, la reducción de un 20 por ciento de la jornada del personal laboral indefinido y de los interinos, que tendrá una vigencia de 24 meses. Una medida que afectará al personal del Ayuntamiento, empresas municipales y organismos autónomos que además se disolverán.

Las empresas municipales se transformarán en entes públicos empresariales. Igualmente, se equipararán las condiciones de trabajo y retribuciones de los trabajadores de organismos autónomos y empresas municipales a las que resulten aplicables al resto de personal del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento, atendiendo a una obligación legal, prevé además la actualización de las tasas y los precios públicos no obligatorios con el propósito de que se autofinancien. Y además se reforzará la eficacia en la recaudación, la inspección y la revisión del procedimiento sancionador.

A ello hay que sumar una reducción de los gastos de alquiler en un 50 por ciento con un ahorro de 355.000 euros y la reducción de los presupuestos de las diferentes Concejalías.

Otras medidas

De otro lado, con la abstención del PSOE e IULV-CA y el respaldo del PP se ha dado luz verde a la prórroga del expediente 75/2001 e iniciación del nuevo expediente para la contratación del servicio público de control de estacionamiento de vehículos en la vía pública de la ciudad, conocida popularmente como Zona ORA.

La propuesta de IULV-CA sobre la modificación de la convocatoria de subvenciones no ha salido adelante al contar con los votos en contra del PP y tan sólo a favor del PSOE e IU, así como también ha sido rechazada por el PP la moción relativa a la gestión del Servicio de Recaudación.

Por último, las mociones socialistas serán debatidas en el próximo pleno ya que la sesión se ha precipitado al conocer la corporación el fallecimiento de un familiar de uno de los ediles, que por ese motivo no ha podido asistir al mismo.