Hay que felicitarles de que el Procurador del Común, Javier Amoedo, haya señalado aspectos claramente mejorables en lo referente a las viviendas de protección oficial en nuestra Región. Indica el elevado número de estas viviendas, pagadas con los impuestos de todos los ciudadanos, que son utilizadas como segunda vivienda por unos cuantos desaprensivos y ve que estas situaciones tienen mal remedio, pues hay una normativa enmarañada que dificulta la expropiación. Lamenta la tolerancia de la Junta ante estos abusos y que las quejas del Procurador del Común, que se remontan a 2004, suelen recibir el desprecio de las autoridades locales. Además de la urgente poda de la maraña legislativa –que será tarea de las Cortes–, Javier Amoedo pide que haya un único registro de VPO para evitar que los promotores privados seleccionen a los beneficiarios y a cambio del «favor» reciban una plusvalía por encima del precio tasado.