Las quejas del Defensor del Pueblo procedentes de Andalucía ascendieron el año pasado a 3.301, un 46,8 por ciento menos que las más de 6.200 registradas en 2010, según el Informe Anual de 2011, presentado este miércoles por la responsable de la institución, María Luisa Cava de Llano, en el Congreso.

El llamativo descenso de las quejas con respecto a 2010 se debe a que ese año las reclamaciones habían aumentado un 122 por ciento en relación con el anterior porque casi 3.000 ciudadanos habían solicitado al Defensor la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto andaluz para la reordenación del sector público. Así, si se compara con 2009 el incremento ha sido del 18,2 por ciento.

En el conjunto de España, el Defensor recibió 23.433 quejas y emprendió más de 500 investigaciones de oficio, la cifra más alta de toda la historia de la institución . Las resoluciones también alcanzaron su volumen más elevado y se formularon 546, casi 100 más que en 2010. En un ejercicio marcado por la crisis, destacaron las quejas relativas al paro, las prestaciones sociales, los problemas con las entidades bancarias o el acceso a la vivienda.

Andalucía, con el 14,09 por ciento del total español, se sitúa como la tercera región desde la que partieron más reclamaciones, solo superada por Madrid (5.433) y Comunidad Valenciana (3.351).

Por provincias, Málaga lidera el número de reclamaciones presentadas, un total de 662 (el 20,05 por ciento del total de la región); seguida de Sevilla, con 658 (19,9 por ciento); Córdoba, con 626 (18,9 por ciento) y Cádiz, 396 (12,0 por ciento). De Granada proceden 369 expedientes (casi un 11,2 por ciento); de Jaén, 237 (7,2 por ciento), de Huelva, 149 (4,5 por ciento); y de Almería, 204 (6,2 por ciento).

En su habitual repaso por el cumplimiento que las Administraciones Públicas hacen de las peticiones que les formula el Defensor, este órgano indica que la Junta de Andalucía, concretamente la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, no ha contestado, tras un tercer requerimiento, por las posibles irregularidades en las que estarían incurriendo las compañías eléctricas en la tarificación de consumo de los meses de diciembre de 2008 y enero de 2009, lo que fue denunciado ante el Ministerio de Industria y la Comisión Nacional de Energía.

También afea el informe la falta de respuesta de la Consejería ante una queja motivada por la sustitución del contador de la luz de un domicilio particular por parte de la compañía eléctrica que no lo comunicó previamente.

La Consejería de Economía andaluza ya recibió en la memoria de 2010 el apercibimiento del Defensor del pueblo por no contestar, tras un tercer requerimiento, a una queja relacionada con unas ayudas para la formación de personal docente e investigador.