El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, ha conminado al Gobierno a que aclare de dónde saldrán los recursos para costear los rescates de entidades intervenidas, del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se nutre de las aportaciones privadas de las entidades, o del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), con recursos públicos.

"Las autoridades deben de una vez decirnos cuál es su pensamiento, porque el FROB se creó para esa finalidad específica", dijo Martín en la presentación de los resultados anuales de la banca, que se desplomaron un 41% en 2011 y se establecieron en 8.295 millones de euros, debido, principalmente, a las elevadas exigencias de saneamiento del Gobierno.

El portavoz de la banca respondió de esta manera al ser preguntado sobre si el coste de la reestructuración financiera debe recaer sobre el Estado a través del organismo dependiente del Banco de España o sobre las entidades financieras, que engordan un fondo para garantizar los depósitos de los ahorradores y que recientemente ha financiado las adjudicaciones de la CAM al Sabadell y de Unnim a BBVA, tras un cambio normativo del Gobierno.

El FGD apenas tiene 2.000 millones de euros y aún quedan los procesos de subasta de Banco de Valencia, Catalunya Caixa y Novacaixagalicia. Según fuentes financieras, agotaría sus recursos solo con la adjudicación de la filial de Bancaja.

"Tiene que haber alguna razón para crear el FROB", dijo Martín, partidario de que las entidades que no sean viables asuman el coste de la reestructuración financiera. "Las entidades no viables sí pueden pagar, hacer el gesto", enfatizó, tras recordar que la AEB nunca apoyó la capitalización de entidades sin que el proceso llevara aparejado una reestructuración.

La nacionalización,

"un problema,

No una solución".

El portavoz de la AEB afirmó que la nacionalización de entidades, la toma de la mayoría del capital por parte del Estado, como en el caso de Catalunya Caixa y Novacaixagalicia, "no es un remedio y nunca es la solución", sino que, al contrario, se convierte en "un nuevo problema" para el sector financiero.

Respecto a si debería adelantarse la subasta por parte del Banco de España de estas dos entidades, proceso previsto inicialmente para después del verano, Martín consideró que, de nuevo, debe ser el Gobierno el que tome la decisión, y que sea la que sea, contará con el apoyo de la AEB.

"Cuando vean lo que conviene, que nos lo expliquen y colaboraremos. Estamos deseando resolver el tema de la reestructuración. No tenemos preferencias. En la AEB no conocemos la situación de esas entidades que tienen que ser rescatadas como las autoridades", argumentó Martín, que también se plegó a los deseos del Ejecutivo en cuanto a la adjudicación. "Si no quieren que vayamos a la subasta, que nos lo digan".

El presidente de la patronal calificó la regulación y supervisión de 2011 de "cambiantes e inciertas" y recordó que hasta el momento se han aprobado un total de once reales decretos leyes sobre el sector financiero pero que la reestructuración financiera sigue "inacabada y sin rumbo fijo", y que las pruebas de resistencia a escala nacional se han llevado a cabo con criterios "arbitrarios y variables".

En su opinión, ha habido "una falta de tratamiento equitativo a nivel nacional" y la capitalización y los saneamientos extraordinarios también han sido "arbitrarios y redundantes". No obstante, Martín sostuvo que no se trata de una crítica a la política del Gobierno, ni de una calificación peyorativa, sino de una visión descriptiva de la realidad.

"No he criticado la política del Gobierno, he dicho que son muchos decretos leyes y unos van por un lado y otros apuntando al otro. Y después de esos decretos leyes seguimos teniendo un sector financiero con una reestructuración inacabada que general riesgo", argumentó el portavoz, a favor de que "se acierte lo antes posible en la reestructuración".

El presidente de la AEB insistió en que la banca no quiere interferir en la reestructuración de las cajas de ahorros. "Hagan con las cajas lo que quieran, pero no me echen las culpas a mí", aseveró, al tiempo que reclamó el fin de las ventajas competitivas. "La capitalización de fondos públicos es una ventaja competitiva que se ha producido desde 2010. Sin lugar a dudas la ha habido y nos ha afectado", enfatizó.