El TSJA analiza este miércoles la nulidad de la grabación en el presunto cohecho de Mercasevilla

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha convocado para este miércoles una vista al objeto de analizar los recursos presentados por los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce en los que piden la nulidad de la grabación que dio lugar a la investigación judicial por presunto cohecho, ya que entiende que se trata de una prueba "provocada" de manera "clara" por los empresarios del Grupo La Raza.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha convocado para este miércoles una vista al objeto de analizar los recursos presentados por los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce en los que piden la nulidad de la grabación que dio lugar a la investigación judicial por presunto cohecho, ya que entiende que se trata de una prueba "provocada" de manera "clara" por los empresarios del Grupo La Raza.

Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la vista se desarrollará a partir de las 10,30 horas, y en la misma se analizarán los recursos presentados por los imputados, Mellet y Ponce, por el supuesto intento de cobro de una comisión ilegal de 450.000 euros a dos empresarios del Grupo La Raza como condición para ser adjudicatarios de la escuela de hostelería de Mercasevilla

Los recursos fueron interpuestos contra el auto dictado el pasado mes de enero por el magistrado designado para presidir el juicio con jurado, Ángel Márquez, quien confirmó la canalización del caso por el procedimiento de la Ley del Tribunal del Jurado y desestimó las peticiones de nulidad de la grabación, acordando además "apartar del procedimiento" al PSOE, tal y como informe este martes 'Diario de Sevilla'.

En este caso están acusados el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet; su antiguo director adjunto, Daniel Ponce; el exdelegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas y María Regla Pereira, coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla cuando ocurrieron los hechos, para cada uno de los cuales la Fiscalía pide una sanción de 900.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses a cuenta de un presunto delito de cohecho.

La grabación,

Una prueba "provocada"

En el recurso elevado ante la Audiencia Provincial, el letrado de Mellet, José Manuel Carrión, pidió que el caso sea enjuiciado por un tribunal profesional y no por un jurado popular así como la nulidad de la grabación, ya que entiende que ésta "es nula a todos los efectos" y "determina la anulación de todo el procedimiento y el archivo y sobreseimiento de la causa".

La grabación "no es espontánea y se produce con una clara provocación", señaló el abogado, mientras que el letrado de Daniel Ponce, Simón Fernández Rebollo, también pidió la nulidad de la grabación, pues se trata de una prueba "provocada".

Sin embargo, la Audiencia rechazó todos estos argumentos y señaló que "en modo alguno se aprecia una inducción o provocación para que los imputados realicen las manifestaciones que expresaron, por el contrario, éstas fluyen con total espontaneidad, proponiendo distintas alternativas para convencer de la conveniencia de la solicitud y del beneficio que les suponía aceptar sus exigencias". "Tampoco puede apreciarse la existencia de provocación delictiva", indicó.

Respecto a la petición de que el caso sea enjuiciado por un tribunal profesional y no por un jurado popular, aseveró que "es claro" que el presunto delito de cohecho "por el que se ha acordado la apertura de juicio oral" figura "dentro de los tipos penales" atribuidos a este tipo de procedimientos. Igualmente, y en cuanto a la condición y calidad de Mellet, Ponce y Regla Pereira en los hechos en cuestión, el auto zanjó su "consideración de funcionarios públicos, a efectos penales", dando por claro el destino público de la sociedad gestora de Mercasevilla y de su fundación socioasistencial.

"apartado" del procedimiento el psoe andaluz

Finalmente, la Audiencia Provincial recordó que el PSOE de Andalucía promovía una acusación en esta causa por un presunto delito de estafa en grado de tentativa. Dado que tal acusación "no ha sido admitida" y el juicio oral ha sido abierto "únicamente" por un posible delito de cohecho, consideró que la posición del PSOE andaluz "ha quedado sin contenido", con lo que "debe quedar apartado del procedimiento".

Tras ello, y según informaron a Europa Press fuentes del caso, el PSOE decidió no recurrir la decisión ante el TSJA, aceptando de este modo ser apartado del caso.

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