El Gobierno defenderá la introducción de más flexibilidad y de un mayor poder negociador de los productores agrícolas y ganaderos durante la elaboración de la nueva Política Agrícola Común (PAC) en el seno de la UE, un proceso que concluirá como muy tarde a principios de 2013 para que el nuevo marco legal comunitario comience a aplicarse al inicio de 2014.

Según explica el Ejecutivo en una respuesta escrita a la diputada de CiU Concepció Tarruella, que recoge Europa Press, es "esencial" que el nuevo modelo de ayudas directas "responda a las necesidades de la diversidad de orientaciones productivas españolas, evitando que se produzcan desequilibrios territoriales y sectoriales".

"La clave estará en la flexibilidad que la nueva reglamentación debe otorgar para la aplicación del modelo en los distintos estados miembro, con realidades agronómicas, económicas, sociales y administrativas muy distintas", justifica el Gobierno.

Por eso, apuesta por "medidas más eficaces, ágiles y automáticas que permitan el desencadenamiento de la intervención y el almacenamiento privado sin dilaciones innecesarias" para poder "mantener una red de seguridad que sea realmente efectiva, especialmente para casos de graves crisis de mercado". En este sentido, califica las propuestas planteadas hasta la fecha de "poco ambiciosas".

Fondos feader

Para poder avanzar en esta flexibilidad, España ve "fundamental" que el reparto de los fondos FEADER tenga en cuenta "las características económicas, ambientales y sociales del medio rural español" y que se utilicen "los instrumentos precisos y la flexibilidad de aplicación necesaria para que se pueda conjugar de forma coherente con el objetivo de fortalecimiento y vertebración del sistema agroalimentario" español.

En este sentido, jugará un papel fundamental el acuerdo al que se llegue en el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2014-2020 que, de salir adelante el borrador presentado por la CE, contempla un presupuesto para la PAC congelado en términos nominales con respecto a 2013.

"Es fundamental que el MFP finalmente adoptado mantenga las cifras propuestas para la PAC y que el nivel de participación de España en el gasto global de la PAC refleje claramente el peso y la importancia de la agricultura española en la UE, lo que implica que no se vea reducido e incluso pueda mejorar ligeramente, con una adecuada convergencia del nivel de ayudas medio entre los distintos estados miembro", apunta el Gobierno.

Mejorar el funcionamiento de la cadena

En otro orden de cosas, la delegación española defenderá la necesidad de mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria con medidas "especialmente destinadas a reforzar el poder de negociación de los productores" mediante "mecanismos claros que permitan la concentración de la oferta".

Para ello habrá que modificar las reglas de la competencia en el sector agroalimentario "de modo que las organizaciones interprofesionales con extensión de normas, organizaciones de productores y cooperativas puedan actuar en el mercado en defensa de los precios de los productos que ofrecen agricultores y ganaderos".

Asimismo, "será necesario introducir en el debate la necesidad de que exista una reciprocidad en los intercambios comerciales respecto de terceros países, dada la existencia de una fuerte asimetría, claramente desfavorable a las producciones europeas".

Desarrollo rural

En materia de desarrollo rural, el Gobierno español planteará la "conveniencia" de disponer de un programa nacional que permita "establecer las líneas maestras en coordinación y colaboración con las comunidades autónomas".

En este sentido, ya se está poniendo en marcha un grupo de trabajo que defina técnicamente la posición del Gobierno español sobre cada punto de la reforma, y se ha solicitado a los gobiernos regionales su posición al respecto de las diferentes líneas de negociación.