El exministro de Justicia José María Michavila y la extitular de Exteriores Ana Palacio remplazarán como consejeros electivos en el Consejo de Estado a los socialistas Amparo Rubiales —exconsejera andaluza y exvicepresidenta del Congreso— y José Ramón Recalde, exconsejero vasco y víctima de ETA, según han informado a Europa Press fuentes de Moncloa.

El nombramiento de Michavila y Palacio ha sido acordado este viernes por el Consejo de Ministros que, al mismo tiempo, ha renovado en puestos similares a otra exministra de José María Aznar, Isabel Tocino y al socialista Juan José Laborda, expresidente del Senado.

El presidente, Francisco Rubio Llorente, será sustituido por otro exministro de Aznar, José Manuel Romay Beccaría, que ya lo fue entre 2003 y 2004.

Los nombrados este viernes son todos consejeros electivos que, a diferencia de los ocho "permanentes", sólo participan en los plenos y no tienen a su cargo ningún área temática concreta. No obstante, en la institución sigue vacante una de las diez plazas de consejero electivo que, además, está reservada para un expresidente autonómico que lo haya sido durante al menos ocho años.

Así consta en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, que dos de los 10 consejeros electivos "deberán haber desempeñado el cargo de presidente del Consejo Ejecutivo de Comunidad Autónoma por un período mínimo de ocho años". En la actualidad el único que ostenta esta condición es el extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, nombrado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en junio de 2011.

Los expresidentes autonómicos tienen un mandato de ocho años como consejeros, a diferencia del resto de electivos, cuyo mandato es de cuatro años, aunque renovable. Los demás consejeros electivos son Josefina Gómez Mendoza, Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós, Manuel José Silva Sánchez y Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona.

Exdiputados y exsenadores pueden ser consejeros

Los 10 consejeros electivos son designados libremente por el Gobierno entre personas que hayan desempeñado puestos de diputado o senador de las Corte Generales, magistrado del Tribunal Constitucional, juez o abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Defensor del Pueblo, presidente o vocal del Consejo General del Poder Judicial, ministro o secretario de Estado.

También puede acceder al puesto quien haya sido presidente del Tribunal de Cuentas, jefe del Estado Mayor de la Defensa, presidente o miembro del Consejo Ejecutivo de Comunidad Autónoma, embajador procedente de la carrera diplomática, alcalde de capital de provincia, presidente de Diputación Provincial, de Mancomunidad Interinsular, de Cabildo Insular o de Consejo Insular o rector de Universidad.