El expresidente de la Casa Argentina de Baleares Jorge Mandado ha afirmado, durante la declaración que este viernes ha prestado en calidad de testigo en el Juzgado de Instrucción número 2, que el Consell de Mallorca sufragó el catering del primer certamen Miss Argentina Balear -celebrado en la discoteca Abraxas un día antes de las elecciones autonómicas y municipales de 2007-, después de que el entonces director insular de Relaciones Institucionales Josep Lliteres le entregase una tarjeta con los datos fiscales de la Institución insular para efectuar esta compra en Makro.

Durante aproximadamente una hora, Mandado ha comparecido ante el juez Pedro Barceló en el marco de una causa cuyo secreto fue recientemente levantado y que indaga, además del pago efectuado en el centro comercial con fondos del Consell, 22 contratos menores concedidos cuando éste estaba presidido por Maria Antònia Munar, y cuyas facturas fueron presuntamente alteradas para que los trabajos pudieran ser otorgados 'a dedo' a determinadas empresas.

Mandado, quien ya declaró en dependencias de la Policía Nacional, asistido por el letrado Ricard Mesquida, en torno a la compra realizada en Makro por unos 1.100 euros, ha explicado que acudió a esta superficie "una sola vez" porque así se lo había pedido otra integrante de la Casa Argentina, Carina Barroso, ya que ésta "estaba ocupada", según ha justificado. El objetivo era, ha incidido, comprar "productos alimenticios para el evento de Miss Argentina".

Tal y como ha recordado, fue Barroso quien "se encargó de solicitar la ayuda económica al señor Lliteres, en nombre de la Casa Argentina", al tiempo que ha señalado que, como había comprado "bastantes productos", fue a Makro junto a otros tres miembros de la Casa Argentina que "únicamente sabían que el Consell les había dado una subvención para este evento".

Mandado ha puntualizado, al término de su declaración, que la tarjeta que le dio el exalto cargo de UM era "de cliente, no de crédito", y que Lliteres le indicó que el gasto "no podía superar los 1.000 euros".

Cabe recordar que, entre otros representantes políticos, asistió al certamen el entonces candidato a la alcaldía de Palma, Miquel Nadal, quien precisamente coronó a la ganadora del concurso: la hija de Eduardo Corvalán, miembro de la Casa Argentina de Baleares y entonces aspirante en la lista municipal de UM. En total, según la versión que ofreció Mandado en sede policial, fueron abonados 1.146 euros en el establecimiento comercial ubicado en el Polígono de Son Fuster de Palma.

El propio Corvalán, en la declaración que prestó como testigo en el marco de las diligencias informativas incoadas por la Fiscalía en abril de 2010 acerca de una presunta trama de compra de votos por parte de UM, puso de manifiesto que la formación "usó y manejó" a inmigrantes argentinos antes de los comicios "para su provecho electoral" al ofrecerles una contraprestación económica y laboral a cambio de votar a favor del partido. Ese año, UM se erigió clave para la formación del Govern del Pacte, junto a PSIB y Bloc.

Con el avance de las investigaciones en torno a esta compra, las pesquisas derivaron en el hallazgo de 22 expedientes fechados entre los años 2001 y 2007, correspondientes a la concesión de diversos servicios de catering, organización de eventos y transporte en autocar que fueron adjudicados de forma directa a varias mercantiles cuyas prestaciones están siendo investigadas en el marco de esta causa, según revelaron fuentes del caso a Europa Press.

En concreto, los investigadores apuntan a que el concepto de varias de las facturas libradas por estos servicios no corresponde a estos trabajos, ante lo cual barajan una posible explicación: cuando el coste de un servicio se excedía de los 12.000 euros en los que había sido presupuestado -cantidad máxima por la que un contrato, por Ley, puede ser otorgado sin concurso-, el concepto de la factura era presuntamente modificado para poder injertarla en otro expediente cuyo importe era notablemente inferior.

De este modo, sostienen, se permitía poder pagar 'a dedo' a una determinada empresa sin la necesidad de que otras empresas pudieran concurrir con sus proyectos a la convocatoria. Las pesquisas apuntan a que Coloma Munar, prima del marido de la expresidenta del Consell y mujer del supuesto testaferro de ésta, Víctor García -todos ellos imputados en el marco del caso Maquillaje-, fue quien indicaba que debía modificarse el concepto de los recibos para poder acoplarlos en otras contrataciones.