El presidente regional, Ignacio Diego, ha reconocido este viernes que "no es fácil" calcular cuándo aprobará el Gobierno el proyecto de ley con las medidas incluidas en el Plan de Sostenibilidad, pero en todo caso, espera que sea "con prontitud" porque de ello depende que el "ahorro" derivado de esos ajustes se produzca "en mayor o menor medida".

Diego señaló que el interés del Gobierno es tramitar en el Parlamento los cambios legislativos "con la mayor diligencia posible", porque "cuanto más se demore su entrada en vigor, más tardará en producirse ahorro en los costes". No obstante, ha recordado que las modificaciones legales "no pueden ser improvisadas", sino que requieren un trabajo "laborioso y meticuloso".

Además, destacó que las medidas se presentarán de forma conjunta "en el marco de una sola iniciativa legislativa", por lo que, "aunque estén terminados ya parte de los apartados, en tanto quede uno por finalizar no se va a presentar".

"La decisión política ya está tomada, y ahora está en manos de los técnicos, a los que les corresponde dar forma a los acuerdos políticos", añadió el presidente, asegurando que es "un trabajo muy profesional el que se está haciendo" por parte de los técnicos.

Subasta de fármacos

Por otro lado, Diego eludió pronunciarse sobre la subasta pública de medicamentos en Andalucía, y se ha limitado a recordar que el Gobierno de Cantabria ha optado por poner en marcha una central de compras que acabará con la "dispersión" existente en este ámbito y conllevará "un notable abaratamiento del coste global del proceso", tal y como está ocurriendo -dijo- en otras comunidades autónomas donde se ha llevado a cabo esta iniciativa.

En este sentido, explicó que el Gobierno de Cantabria ha optado por seguir la "referencia de gallegos y riojanos", que se ha demostrado "eficaz". De esta forma, explicó que la Consejería de Sanidad está trabajando en dos líneas "paralelas y en algún momento coincidentes", con el objetivo de abaratar el coste de la farmacia hospitalaria.

Por un lado, se está redactando por parte de los facultativos el catálogo de productos farmacéuticos, al que deberá ceñirse la administración a la hora de comprar, mientras la Consejería trabaja en la "confección" de la central de compras.