La defensa jurídica de Antonio Rivas, exdelegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla y antaño secretario general de la Agrupación socialista de Camas, le ha desvinculado este jueves, nuevamente, de cualquier tipo de contratación de despachos de abogados, con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, para acciones judiciales relacionadas con concejales de este municipio aljarafeño que Rivas gobernó tiempo atrás y que hasta hace pocos años, ha estado marcado por una convulsa vida política.

Rivas, como es sabido, figura como imputado en la presunta trama que investiga la juez Alaya a cuenta del uso de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, un dinero público cuya administración habría eludido los preceptivos controles y la fiscalización administrativa. El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, en el marco de los hechos investigados, había señalado en rueda de prensa que algunas facturas que el bufete de abogados Garrigues envió en 2004 a la atención de Rivas, cuando éste aún dirigía la delegación provincial de Empleo, pondrían de relieve la contratación de estos servicios jurídicos para "intentar favorecer cambios de gobierno" en Camas a través de mociones de censura.

Jon Ander Sánchez, abogado que representa los intereses de Rivas, había señalado ya en declaraciones a Europa Press que su cliente "en absoluto autorizó pagos con los fondos públicos para tales fines".

Además, y través de un comunicado, Jon Ander Sánchez insiste en que su cliente "ni en su condición de delegado provincial de la Consejería de Empleo, ni como secretario general del PSOE de Camas, ni a título personal, encargó nunca a la firma Garrigues el asesoramiento en los procedimientos penales a los que se hace mención en dichas informaciones". "Rivas no indicó, ni autorizó, ni solicitó a nadie que dichas facturas fueran abonadas con dinero público", señala la defensa de Rivas.

Según Jon Ander Sánchez, "la única relación de Rivas con tales hechos deviene de que, consultado a título personal por De los Santos al objeto de si conocía un abogado especialista en temas penales, habló con la firma Garrigues para saber si podían hacerse cargo del asunto". Por eso, el abogado de Antonio Rivas defiende que "se trató en todo caso de una consulta de carácter estrictamente personal, y por supuesto sin que hubiera ningún compromiso de pago de dicho encargo por parte ni de Antonio Rivas Sánchez ni de la Junta de Andalucía".

"Según ha podido saber esta defensa, tales facturas no han sido pagadas, por lo que en modo alguno ha podido haber utilización de fondos públicos ni cargo alguno a la tantas veces aludida partida presupuestaria 31L", concluye el letrado.