El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, se reunirá el próximo lunes, día 26 de marzo, ante el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el 'Pacto por la Justicia' consensuado en la Comunidad Autónoma, aunque no ha contado con el respaldo de los sindicatos, en el que se cifra el traspaso de las competencias en un mínimo de 162 millones de euros.

Tras aclarar que no se trata de una postura de la Junta de Castilla y León sino de toda la Comunidad Autónoma, el consejero espera que el ministro de Justicia "entienda" la reivindicación del Gobierno autonómico respecto a una transferencia recogida en el renovado Estatuto de Autonomía y en la que "nos separan" cerca de 30 millones de euros además de cinco cláusulas de garantía, sobre inversiones, oficinas judiciales o justicia gratuita, para asegurar la prestación de unos servicios de calidad.

"Que no nos transfieran déficit", ha advertido el consejero de la Presidencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta donde ha abogado por asumir las competencias de Justicia "en condiciones adecuadas para mejorar la prestación del servicio", un objetivo que "sólo se conseguiría", según sus palabras, si esa transferencia de competencias es "adecuada".

"Queremos la competencia estatutaria", ha insistido el consejero de la Presidencia, quien ha abogado también por "dejar de marear la perdiz" en este asunto, como ha ocurrido, a su juicio, en los últimos diez años.

Dicho esto, ha admitido que éste no es el mejor momento para una transferencia de la Justicia si bien ha insistido en el deseo de la Junta de "negociar".

El texto

El Pacto por la Justicia fue rubricado, además de por la Junta de Castilla y León, por representantes del Ministerio Fiscal, Consejo General del Poder Judicial, notarios, abogados, registradores y procuradores.

Del mismo se desmarcaron representantes de los trabajadores, ya que, tanto UGT como STAJ entienden que el texto urge a la transferencia de las competencias y creen que carece de cuestiones relativas al futuro del personal.

Entre las cuestiones recogidas en el documento, además de la aclaración de que la coyuntura económica actual "no es la más adecuada" para un proceso de transferencias, figura también la demanda de que tanto los compromisos adquiridos por el Gobierno central con los representantes de los trabajadores como los que derivan de resoluciones judiciales previas a la transferencia sean atendidos, además se recoge la creación de una de Comisión de Seguimiento.

La Junta estima en más de 162 millones el coste para el traspaso de las competencias en materia de Justicia, cuantía que excede en 30 millones la última propuesta realizada por el entonces Gobierno socialista, cifrada en 133,5 millones.

A ello el Ejecutivo autonómico suma, además, la aplicación de cinco cláusulas de garantía, no cuantificadas, para que la Administración central afronte compromisos en materia sindical y obras pendientes en infraestructuras, informatización y creación de nuevas unidades judiciales.

Tal y como ya lo adelantara el pasado 30 de noviembre el consejero de la Presidencia y portavoz, la propuesta inicial elaborada por el Ejecutivo regional sitúa las exigencias de Castilla y León para asumir el traspaso de la Justicia en más de 139,5 millones de euros de coste efectivo más otros 8,7 millones para inversiones en edificios judiciales en mal estado, 15 millones para modernización de programas y equipos informáticos y 13 millones para la justicia gratuita y el turno de oficio.

El texto recoge, para la atención de la Justicia de Paz, la transferencia de 2,4 millones así como otras dos cláusulas sobre personal, a fin de que no se produzcan perjucios para sus derechos económicos y profesionales, y Oficina Judicial, punto en el que se recoge que el traspaso debería e incluir una cláusula que garantice que los costes de material, personal e infraestructuras derivados de la implantación de la Oficina Judicial y su puesta en marcha sean asumidos por el Estado.