La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Eleanor Sharpston, ha dictaminado este jueves que es ilegal que algunos ayuntamientos españoles, como Tudela (Navarra) o Torremayor y Santa Amalia (Badajoz), cobren una tasa a operadores de telecomunicaciones que no construyen sus propias infraestructuras sino que utilizan las de otras compañías.

La opinión de la abogada general no vincula al Tribunal, aunque éste sigue sus recomendaciones en el 80% de los casos. Los jueces empiezan ahora a deliberar y la sentencia se dictará en un momento posterior.

El dictamen responde a un recurso interpuesto por Vodafone y France Telecom contra las ordenanzas municipales que les imponían una tasa en estas localidades pese a no contar con infraestructuras propias. El caso ha sido remitido por el Tribunal Supremo al TUE a través de una cuestión prejudicial.

La abogada general resalta que la legislación europea "autoriza a los Estados miembros a imponer un canon porque la instalación de recursos implica ocupar la propiedad pública (o privada) de tal forma que reduce la disponibilidad de esa propiedad para otros usos y fines".

No obstante, el fallo precisa que "la obligación de pagar el canon incumbe a la empresa que ostente el derecho a instalar tales recursos" y que "el uso de recursos pertenecientes a otra empresa no constituye un hecho que puede dar lugar a la imposición de un canon".

La imposición de una tasa a los operadores por el uso de infraestructuras pertenecientes a otras compañías "distorsiona la competencia porque el usuario de los recursos soporta un doble gravamen". "Ello podría disuadir a los operadores de entrar en el mercado y redundar en precios más elevados para los consumidores", concluye la abogada general.