Intersidical Valenciana ha anunciado que va a impugnar el proceso de adjudicación a la empresa Garrigues del diseño de la gestión del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Radio Televisión Valenciana (RTVV) por considerar que se ha incurrido en un "incumplimiento" de la ley de Contratos del Sector Público vigente, ha informado el sindicato.

Según explica la organización en un comunicado, esta normativa "establece que todos los contratos de servicios que superan los 193.000 euros están obligados a ser publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea, lo que RTVV no ha hecho argumentando que el presupuesto máximo podía ser de 190.000 euros, tal y como figura en el punto siete del pliegue de condiciones".

"Ahora bien —prosiguen las mismas fuentes— el mismo pliego de condiciones, en el punto 25, reserva a la parte contratante la posibilidad de introducir modificaciones de hasta el 10 por ciento del precio original del contrato; es decir, la empresa reconoce que el coste final del contrato puede llegar a los 210.000 euros, una cantidad que obligaba a pasarlo por el Diario Oficial de la Unión Europea".

Según la normativa vigente —Real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público—, la no publicación del pliego de condiciones es "motivo suficiente para declarar la nulidad de todo el procedimiento, desde la licitación hasta su adjudicación a la empresa Garrigues", inciden desde Intersindical.

El sindicato asegura que ha advertido de las irregularidades a los miembros del Consejo de Administración. Este organismo se reunirá mañana y, entre otros puntos del orden del día, está prevista la aprobación del acta de la reunión del pasado 11 de enero, en la cual se aprobó el pliegue de condiciones para la contratación de la empresa que debe gestionar y aplicar el ERE.

Este sindicato considera que el acta "no puede ser aprobada al existir indicios más que fundados de irregularidades". Por este motivo, apuntan, Intersindical se ha dirigido al presidente y los vocales del Consejo de Administración para "señalar la irregularidad", al tiempo que recuerda que la normativa legal "establece sanciones de carácter disciplinario a los responsables de las infracciones que provocan la nulidad".