La consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, ha aclarado este martes que los afectados por la Ley de Montes que finalmente no participaron en la reunión que se celebró este martes en el Casyc, y permanecieron concentrados frente a la sede del Gobierno regional, decidieron no acceder al encuentro "por indicación" de sus representantes y no porque el Gobierno regional les impidiera hacerlo.

En declaraciones realizadas este miércoles a los medios de comunicación, Díaz ha explicado que, inicialmente, la reunión estaba prevista en la sede del Gobierno regional, a la que se preveía únicamente la participación de la Comisión de Seguimiento.

Sin embargo, al conocer que había más afectados que iban a acudir a la reunión, se decidió trasladar la reunión al salón de actos del Casyc, a la que finalmente no acudieron todos los afectados y varios se quedaron frente a la sede de Peñaherbosa.

Asociación de afectados

Por otra parte, y en relación con el desarrollo del encuentro, la consejera ha asegurado que la reunión fue "muy constructiva", si bien ha lamentado que no haya una asociación legalmente constituida que represente al conjunto de ellos.

A preguntas de los periodistas antes de participar en una jornada conmemorativa de los 30 años de Asociación Cántabra de Atención a la Parálisis Cerebral (Aspace)-Cantabria, Díaz ha argumentado que, en la actual situación, resulta "complejo" saber quién ostenta la representación de los afectados.

"Nosotros, de alguna manera, necesitamos tener interlocutores válidos o que acrediten de algún modo su representatividad para actuar de la mejor manera posible", ha dicho.

Sin embargo, Díaz ha avanzado que "en próximos días" —aunque no hay una "fecha concreta" aún— se convocará "a todos" a una nueva reunión para trasladarles, al igual que hizo este martes con los que acudieron, la relación de medidas que propone el Gobierno regional para "solventar" este problema y el papel que deben jugar las entidades locales afectadas.

La consejera de Presidencia y Justicia ha señalado que en la reunión, a la que acudieron alcaldes y presidente las juntas vecinales afectadas por la Ley de Montes y una "buena parte" de los titulares de los terrenos, los responsables de estas administraciones locales cuestionaron al Gobierno de Cantabria acerca del "margen de maniobra" con el que cuentan para establecer criterios dentro de su ámbito local.

En este sentido, Díaz, que ha señalado que el Gobierno regional del PP ha sido "capaz" de hacer en ocho meses lo que el anterior (PRC-PSOE) —ha dicho— no hizo en 8 años, ha avanzado que en los consorcios, que suponen el 50 por ciento de afectados, el Ejecutivo regional dejará un "margen de maniobra importante".