El secretario general de FETE-UGT Extremadura, Miguel Salazar, y su homólogo de FE-CCOO, Tomás Chaves, han hecho un llamamiento al profesorado y a los sindicatos docentes de la región para que se unan a la huelga general del 29M.

Salazar ha indicado que los objetivos de las federaciones de educación son "detener una reforma laboral que degrada al trabajador y da todo el poder a la administración y al empresario", así como conseguir una "escuela pública de calidad que fomente el éxito educativo y la equidad".

Asimismo, también Salazar ha apostado por "paralizar lo recortes y las deducciones presupuestarias que ponen en cuestión el servicio público educativo".

El secretario de FETE-UGT ha señalado que el Gobierno central ha "obligado" al sector de la educación a apoyar las movilizaciones del próximo 29M "por las políticas que quieren aplicar en contra de los servicios públicos".

"Como consecuencia de esta reforma laboral se acaban con 30 años de conquistas sociales y se desmantelan los principios básicos del Estado de Derecho", ha sentenciado Salazar al tiempo que añadía que la educación "deja de ser una inversión de futuro para ser un gasto superfluo del Gobierno".

Salazar ha recordado que la próxima "modificación presupuestaria" en Extremadura está estimada en unos "300 millones de euros", y por ello temen que una reducción en las partidas sea el "inicio de un posible recorte del profesorado, de sus retribuciones y de sus condiciones laborales".

Mas horario y menos empleos

Además, ha advertido de que existen "indicios" acerca de que el Ministerio de Educación "quiere generalizar la subida de horario lectivo a todo el profesorado y en especial al de educación secundaria".

Así, Salazar ha estimado que si en todo el territorio nacional aumenta "en dos horas" la jornada de trabajo de los docentes de ESO, se perderían unos "23.000 empleos" a nivel nacional y en torno a 750 en Extremadura.

Para FETE-UGT el sector "más afectado" es el de profesorado interino, aunque la docencia universitaria también ha sufrido un ajuste "más contundente", con la reducción de 1,8 millones de euros en la región.

Como consecuencia, la Universidad de Extremadura "tendrá que despedir a profesor asociado, no renovar contrato a los interinos y llevar a cabo una congelación de las plantillas, con lo que supone en la merma de la calidad de educación, así como la pérdida de derechos sociales y laborales del profesorado", ha matizado Salazar.

Por su parte, Tomás Chaves ha apuntado que, hasta el momento, sólo había constancia de seguimiento de la huelga por parte del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza en Extremadura (STE).

En el transcurso de una rueda de prensa, Chaves ha propuesto como "medidas de salida" de la crisis un "aumento de la inversión publica y privada especialmente en el sector educativo" y un "refuerzo de los mecanismos de protección social como garantía de defensa de los más débiles y como garantía de mantenimiento de puestos de trabajo".

"No nos cabe ninguna duda de que van a llegar a Extremadura recortes salariales y recortes de condiciones laborales, porque la reducción presupuestaria de los 300 millones de euros va a afectar ineludiblemente a los servicios públicos, y a la enseñanza, por supuesto. Por eso creemos que hay que defender nuestra posición en este momento, en la huelga general", ha concluido Chaves.