El informe al que ha tenido acceso Europa Press señala que la necesidad de que las políticas sean consensuadas por todas las partes ha conducido "en múltiples ocasiones" a que sólo se aprueben planes y programas con contenidos tradicionales, lo que ha restringido "la capacidad de innovación de las políticas".

De esta manera, el Observatorio Económico de Andalucía aboga por la "desaparición" de los acuerdos generales de concertación, "sin descartar la utilidad de la concertación para asuntos específicos en los que las organizaciones firmantes tengan responsabilidades directas y puedan asumir compromisos de cumplimiento".

Los acuerdos de concertación de la Junta de Andalucía con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos UGT y CCOO se han convertido en actuaciones "recurrentes" en la región, que el Gobierno andaluz esgrime como uno de sus logros distintivos, según indica el informe.

Desde 1993 se han firmado siete acuerdos, en los que se han concertado no sólo los planes generales de desarrollo, sino también planes y programas en materias tan diversas como la industria, la promoción exterior, el turismo, la innovación y el desarrollo tecnológico, la formación profesional o el desarrollo rural.

Actitud "crítica"

El Observatorio Económico de Andalucía ha mantenido una actitud crítica ante el protagonismo de los agentes sociales en la formulación, aplicación y seguimiento de la política económica y considera que "la concertación ha sustituido al Parlamento andaluz en la aprobación y seguimiento de las políticas gubernamentales".

El Gobierno andaluz y las organizaciones firmantes de los acuerdos justifican la concertación en cuanto contribuye a la paz social y ha demostrado ser una experiencia muy positiva para el desarrollo de Andalucía. Si bien, las jornadas de huelga por asalariados en los últimos 20 años en Andalucía no son inferiores a la media de las comunidades españolas y, además, no existen evaluaciones rigurosas sobre la vinculación de una y otro, limitándose a las afirmaciones realizadas por el propio Gobierno regional y las organizaciones firmantes.