"Las leyes son para los huincas (blancos). Para nosotros la democracia aún no llegó", dijo a la agencia de noticias IPS el líder aborigen Mauro Millán, tras el fallo judicial que restituyó al grupo empresarial italiano 300 hectáreas reivindicadas por una familia mapuche, según Rebelión.org.

La familia mapuche había presentado un pedido al Instituto Autárquico de Colonización (IAC) de Chubut para ocupar un terreno fiscal en el área que habitaron sus ancestros.

Tras seis meses de trámites sin respuesta oficial formal, ocuparon el predio, araron y sembraron, repararon alambrados, comenzaron a criar ganado y levantaron una vivienda precaria.

Según Curiñanco, la familia presentó su proyecto por escrito al IAC, y éste los autorizó "de palabra" a instalarse en agosto de 2002.

Pero dos meses después, policías armados y con perros, irrumpieron en el terreno y los desalojaron.

El portavoz de la compañía, Alberto Mazzucchelli, se desentendió del tema, diciendo que era al gobierno a quien le correspondía "solucionar el problema de vivienda de la comunidad mapuche. Nosotros somos una empresa que otorga principalmente puestos de trabajo".

El caso había despertado expectativa, pues la Constitución argentina garantiza, entre otros derechos de los pueblos originarios, el de la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras para su desarrollo humano, así como prohibir su enajenación o embargo.