La Delegación del Gobierno en Andalucía ha cifrado en 47.090 el número de proveedores con facturas pendientes de pago en Andalucía, una cantidad que representa prácticamente la cuarta parte del total de 177.070 proveedores de 4.961 ayuntamientos del conjunto de España que se encuentran en esta situación y van a beneficiarse del mecanismo extraordinario de pago puesto en marcha por el Ejecutivo.

Así lo ha señalado la Delegación del Gobierno en un comunicado, en el que ha precisado que estas cifras proceden de los primeros datos provisionales de los listados de obligaciones pendientes de pago presentados por 673 entidades locales de Andalucía, que han presentado un total de 597.846 facturas pendientes, que suponen una deuda de 2.798.070.556,13 euros. De esta manera, el 29,19 por ciento de las facturas pendientes de pago se han presentado desde Andalucía.

Por provincias, Cádiz es la provincia andaluza con el mayor número de facturas pendientes; un total de 110.914, por un importe de 916.919.606,99 euros.

A partir de ahora, los proveedores tienen que acudir a las entidades locales que les adeudan para que les informen si están incluidos en la relación de facturas enviadas por las entidades locales, que están "obligadas a atenderles".

Los proveedores que no consten en la lista podrán solicitar a la entidad local deudora la emisión de un certificado individual, que se expedirá en un máximo de 15 días. Si pasado este plazo no hay respuesta, "se entenderá reconocido el derecho de cobro por silencio positivo".

Por su parte, los ayuntamientos tendrán que comunicar, en los cinco primeros días de abril y mayo, los certificados, rechazados y no contestados, por lo que en abril y mayo habrá dos revisiones a estos datos, que, de momento, son provisionales, según ha puntualizado la Delegación del Gobierno, que ha destacado el "efecto directo" que esta medida tendrá "sobre el empleo".

En concreto, ha señalado que "contribuirá a la creación y al mantenimiento de hasta 100.000 puestos de trabajo", así como ha explicado que el Gobierno "va a cambiar la legislación para que los proveedores que contraten con la Administración sean los primeros que no tengan que pagar el IVA hasta que hayan cobrado la factura".