El Grupo Popular cree que pueden derivarse "responsabilidades de todo tipo", que en su caso incluso pudieran ser de naturaleza penal, contra cargos políticos del anterior Gobierno PRC-PSOE, según recoge en sus conclusiones sobre la Comisión parlamentaria de Investigación de GFB.

En concreto, estas responsabilidades afectarían al expresidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), y a la exvicepresienta, Dolores Gorostiaga (PP); los exconsejeros socialistas de Industria y Economía, Miguel Ángel Pesquera y Ángel Agudo; el exconsejero delegado de Sodercan, José Villaescusa, y el exdirector general de Sodercan, Francisco Royano; y el exconsejero delegado de Sodercan y consejero de GFB, Salvador Blanco.

Sin embargo, los grupos Socialista y Regionalista no han encontrado indicios de malversación, fraude o mala gestión, y han vuelto a instar al PP a que acuda a los tribunales sí "tiene tan claros" estos supuestos delitos.

En este sentido, el PSOE ha anunciado que se reserva el derecho de solicitar responsabilidades judiciales por las afirmaciones vertidas en la comisión por el PP, el director general de Sodercan, Miguel Cabetas, quien ha asegurado que lo sucedido ha sido "un fraude", y los extécnicos de Sodercan Ángel González y Miguel Ángel López, quienes afirman que emitieron informes negativos al proyecto de GFB que "no pueden acreditar".

Las conclusiones de los tres grupos se debatirán en la próxima sesión de la Comisión de Investigación y en el Pleno del Parlamento del 26 de marzo. Será la Mesa de la Cámara la que decida si remitir el asunto al Ministerio Fiscal.