El titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de investigar un presunto agujero económico de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo, ha ordenado averiguar todos aquellos bienes, vehículos y cuentas bancarias del exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación, Enrique Crespo, por si las propiedades aportadas por su letrada no cubren la fianza impuesta para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias.

Así consta en un decreto con fecha de este martes, en el que se recuerda que la fianza impuesta para este imputado ascendía a 25 millones de euros, a la que tiene que hacer frente de manera solidaria con el resto de imputados en el procedimiento.

El pasado 2 de marzo, el abogado de Crespo presentó un escrito ante el juzgado en el que comunicaba los bienes que ofrecía su cliente para asegurar las responsabilidades que pudieran derivarse: una vivienda en Manises; otra en Valencia; dos vehículos; y bonos de la Generalitat por importe de 48.000 euros.

El juez indica que, a falta de su tasación pericial, estos bienes pueden resultar "insuficientes" para cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias que en su caso pudieran declararse procedentes.

Por este motivo, y de conformidad con lo que dispone el artículo 590 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ordena la práctica de cuantas diligencias "sean necesarias" para averiguar todos aquellos bienes de los que Crespo puede ser titular y, en particular, sus cuentas bancarias; además de los vehículos sobre los que sea titular administrativo; y de otros bienes inmuebles de su propiedad.

Del mismo modo, pero en otro decreto, el magistrado ha acordado que se practiquen diligencias pero para averiguar, en este caso, aquellos bienes de los que el exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, pueda ser titular; sus vehículos; sus cuentas; y bienes inmuebles de su propiedad.

El juez ha adoptado esta medida sobre Cuesta puesto que no ha verificado sus bienes, tal y como se le pidió al imponerle una fianza de 25 millones de euros para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse.

Sobre josé luis sena

Por otro lado, el magistrado ha dictado un auto en el que desestima los recursos interpuestos por el letrado del imputado José Luis Sena —empresario de la firma Notec que facturó a Emarsa 6.783.612,93 euros— contra los autos en los que se fijaba una fianza contra él, al entender que sus argumentos "no alteran ni desvirtúan los fundamentos jurídicos de la resolución".

En este sentido, el juez recuerda que no es preciso esperar a apurar la instrucción y casi el enjuiciamiento de los hechos para adoptar una medida que, por propia definición, es "aseguradora" de los resultados del proceso. "Y es que su utilidad exige que, en ocasiones, sean adoptadas en el periodo de investigación y obtención de pruebas, con independencia del resultado que depare el procedimiento, en interés de las posibles víctimas, siempre que existan indicios de criminalidad".

Ante ello, considera que no existen dudas acerca de que se puede adoptar una medida cautelar real o medida de aseguramiento cuando resulten indicios de criminalidad contra una persona —como es este caso— con la finalidad exclusiva de hacer posible la tutela judicial que pudiera otorgarse en sentencia condenatoria.