El PSM reclama la retirada del anteproyecto de modificación de la Ley de Función Pública

El diputado del PSM-Més per Menorca, Nel Martí, ha instado este lunes al Govern a retirar el anteproyecto de modificación de la Ley de Función Pública. En esta línea, ha avanzado que ha presentado una proposición no de ley que se debatirá el miércoles durante la Comisión de Asuntos Institucionales.

El diputado del PSM-Més per Menorca, Nel Martí, ha instado este lunes al Govern a retirar el anteproyecto de modificación de la Ley de Función Pública. En esta línea, ha avanzado que ha presentado una proposición no de ley que se debatirá el miércoles durante la Comisión de Asuntos Institucionales.

Martí argumenta que la propuesta presentada por el conseller de Administraciones Públicas, Simón Gornés, es contraria al Estatut de Autonomia, cuando afirma que el catalán, además de lengua, es la lengua propia de la comunidad autónoma.

"Si el catalán es la lengua de la administración, esta debe ser la lengua vehicular con total respeto para los derechos lingüísticos de los ciudadanos", ha subrayado el diputado, quien ha añadido que si no se garantiza el conocimiento del catalán por parte de todos los trabajadores públicos "se deja de garantizar el derecho de los catalanoparlantes de dirigirse y de ser atendidos en su lengua".

En este sentido, el diputado menorquinista ha recordado que cuando el Estatut se refiere en el artículo 14.3 a que los ciudadanos de Baleares tendrán el derecho de dirigirse a la administración en cualquiera de las dos lenguas oficiales y a recibir respuesta en la misma lengua utilizada.

Para Martí, la propuesta que modifica las leyes de función pública de normalización lingüística va en contra del Estatut, así como de la oficialidad y la territorialidad de la lengua. "Es una norma que va claramente en el sentido de hacer del catalán una lengua innecesaria, y una lengua que no es útil y necesaria es una lengua que no tiene futuro", ha afirmado.

El dirigente del PSM también ha acusado al Govern de actuar como si desconociese la realidad de desigualdad jurídica y sociolingüística del catalán, lo que se pone de manifiesto con la decisión del Ejecutivo autonómico de obviar cualquier consulta en las instituciones que oficialmente han de asesorar a las instituciones en términos lingüísticos tales como la Universitat de les Illes Balears (UIB) y el Consell Social de la Llengua.

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