La Unión de Consumidores de Cantabria (UCC) ha advertido de que la medida sobre la dación en pago aprobada por el Gobierno de España es solo voluntaria y no obliga a las entidades financieras a cumplirla.

La regulación es únicamente un código de buenas prácticas que no resulta de obligado cumplimiento, con lo que esta medida dependerá para su aplicación de que la buena voluntad de los bancos sea mayor que su ansia económica, dice UCC.

"Siendo indulgentes podemos decir que se ha dado un paso. Pero andar consiste en dar varios pasos. Uno solo es quedarse quieto y, además, en una posición ridícula", explica la asociación en un comunicado.

"Lo contrario, lo que vemos, son triunfalismos que no se corresponden con la pobreza y la falta de recorrido de la medida", apunta.

En este sentido, la organización puntualiza que la dación en pago en los términos propuestos ya existe, y los bancos pueden aceptarla y aplicarla voluntariamente desde hace tiempo.

"Si no lo hacen es porque no quieren y porque la Ley no les obliga. Y cuando lo hacen, es en duros procedimientos de negociación entre las partes", indica.

La asociación añade que en otros países europeos sí existe regulado este supuesto. Así, en Francia lo llaman 'ley de la segunda oportunidad' y Ley Neiertz; pero también existe en Alemania, Reino Unido y Portugal.

"En cada país se configura de una forma distinta, con sus diferencias, pero básicamente se permite a un juez aceptar la dación en pago cuando constate la existencia de una serie de circunstancias, o la condonación judicial de las deudas, o se regulan procesos de negociación".

La diferencia clave con España es que la potestad recae en un juez, no el propio banco implicado.

Por ello, UCC reclama que se reforme la Ley de Enjuiciamiento Civil para que la entrega de la vivienda hipotecada al banco prestamista hipotecario se entienda como pago total de la deuda.

Por último, urge a todos los grupos políticos a que "dejen de colgarse medallas" y atiendan las exigencias de la iniciativa legislativa popular en marcha y se modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil para permitir que la vivienda hipotecada sea suficiente para liberarse de la deuda hipotecaria.