La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L, ha concluido que el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ya en prisión por estos hechos, concedió, "en connivencia con otros, a sabiendas de su absoluta falta de competencia" y "omitiendo clamorosamente y de manera continuada el procedimiento legalmente aplicable", 617 ayudas sociolaborales y 270 ayudas directas a empresas".

En el auto por el cual dicta su ingreso en la cárcel, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada pone de manifiesto que, "omitiendo el procedimiento, y por supuesto sus controles, el inculpado en connivencia con otros, concedió ayudas conociendo la ausencia de cobertura presupuestaria para el pago de las mismas, y por supuesto pudo conceder, con la misma connivencia, y de manera manifiestamente injusta y arbitraria, un número muy importante de ayudas para favorecer a familiares, amigos o personas próximas al entorno de Guerrero, al entorno de altos cargos de la Junta o del PSOE, partido que gobernaba durante el ejercicio de su cargo y gobierna en Andalucía".