La representación letrada de la Junta de Andalucía, como acusación personada en el caso que investiga la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, sobre una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L, ha valorado "el avance significativo" que, a su juicio, supone que en la madrugada de este sábado se haya ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, por existir riesgo de fuga.

Para el Gobierno de Andalucía, según ha señalado en un comunicado, la adopción de medidas cautelares en esta investigación "venía siendo un objetivo desde hace tiempo y así se había reiterado en distintas peticiones ante el juzgado", ya que considera que existe "un riesgo claro de que puedan modificarse o alterarse pruebas u otros elementos de la investigación".

Y es que, para la Junta, la decisión judicial que mantiene a Guerrero en prisión significa un avance "significativo" en la instrucción de este caso. Además, ha indicado que confía en la acción de la Justicia y que espera que se continúe por esta línea "de esclarecimiento de los hechos y de concreción de responsabilidades de los principales implicados".

En este punto, el Ejecutivo andaluz ha insistido en ratificar su "firme voluntad" de que se aclaren todas las irregularidades de este caso, y ha explicado que para ello sigue manteniendo a disposición del juzgado toda su capacidad de colaboración.

Así, concreta que el Gobierno de Andalucía mantiene en estos momentos abiertas otras dos líneas de investigación interna cuyas conclusiones se remitirán cuando concluyan al juzgado, relativas a la revisión de oficio de todas las ayudas a empresas concedidas en este periodo y sobre los gastos de gestión abonados a las empresas intermediarias.

Entretanto, y después de los tres días en los que exdirector General de Trabajo y Seguridad Social ha estado prestando declaración en el juzgado en cuanto a la presunta trama, para la Junta se ha puesto de manifiesto "el papel central que Guerrero parece haber tenido en los hechos que se investigan, sin que el imputado haya aportado elementos que permitan cuestionar con fundamento ese extremo".

"Guerrero ha mantenido una actitud exculpatoria y, lamentablemente, no ha admitido contestar a las preguntas de la acusación de la Junta, interesada en que se hubieran aclarado las numerosas contradicciones y vaguedades del imputado durante sus declaraciones", ha lamentado.

Por último, el Gobierno andaluz ha declarado también su compromiso con el abono de las prejubilaciones de las casi 6.000 personas que "sí accedieron a esas ayudas sociolaborales con plena legitimidad y que son la principal muestra de que esa línea de actuación política no puede invalidarse genéricamente".