La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, así como el pago, en concepto de responsabilidad civil, de una fianza de 933 millones de euros.

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L, ha celebrado una vista para que las partes pidieran las medidas cautelares oportunas, y, así, la Fiscalía ha solicitado el ingreso en prisión de Guerrero por el hecho de que la posible pena que podría corresponderle por el delito continuado de malversación de caudales públicos podría ser de hasta 18 años de cárcel.

Todas las acusaciones, es decir, la Junta de Andalucía, el PP, Manos Limpias y el sindicato UGT, se han adherido a la petición del Ministerio Público, mientras que todos los abogados de las defensas se han opuesto a la petición de prisión.

La juez imputa a Guerrero hasta seis delitos, como son sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos delitos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.