El Gobierno ha completado el mecanismo diseñado para que las administraciones públicas puedan acceder a préstamos sindicados por valor de hasta 35.000 millones de euros para pagar sus deudas pendientes con proveedores a partir del mes de mayo.

Para ello, el Consejo de Ministros ha aprobado la creación del Fondo que canalizará un crédito sindicado bancario, de un volumen en torno a 35.000 millones de euros, avalado por el Tesoro Público que, a su vez, contará con la contragarantía de la Participación en los Ingresos del Estado de los ayuntamientos.

El préstamo tendrá una duración de cinco años con dos de carencia, durante los cuales las entidades locales solo pagarán los intereses. Sin embargo, el plazo de que disponen los ayuntamientos para devolverlo será de diez años, con dos de carencia, mediante un mecanismo de refinanciación que realizará el Fondo para la financiación.

El coste del crédito será el equivalente al de otras operaciones avaladas por el Estado, con un recargo máximo de 115 puntos básicos sobre Tesoro. En la actualidad, el interés rondaría el 5%.

El nuevo mecanismo permitirá, según el Gobierno, saldar las deudas comerciales de las corporaciones locales y se podrá aplicar también a los pagos pendientes de las comunidades autónomas, en línea con los acuerdos alcanzados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 6 de marzo.

De esta forma, el mecanismo permitirá propiciar una reestructuración ordenada de la deuda comercial de comunidades y ayuntamientos, ya que, según el Ejecutivo, es la "mayor operación" de refinanciación realizada en España.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha resaltado la importancia de este mecanismo porque permite devolver la credibilidad a las administraciones y supone un estímulo "importante" para la reactivación económica.

"Pocas cosas dañan tanto la confianza como que las administraciones dejen de pagar", ha señalado Sáenz de Santamaría, quien ha asegurado que la medida también inyecta liquidez a la economía en un momento "especialmente complicado".

La vicepresidenta ha asegurado que esta medida se encuadra en el grupo de iniciativas impulsadas para paliar los efectos "dramáticos" de la crisis, que forman parte de la triple tarea del Gobierno consistente también en avanzar en la consolidación fiscal y poner en marcha las reformas estructurales que necesita el país.

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