La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) advierte de que es "misión casi imposible" aprobar a corto plazo un Plan Hidrológico Nacional por la complejidad que supone coordinar el reparto de agua de las casi 25 demarcaciones hidrográficas de España, más del doble que el resto de países del entorno con un número similar de ríos.

Así, Fenacore señala que la política hidrológica de países como Alemania, Francia o Portugal es "infinitamente más sencilla" ya que organizan la gestión del agua bajo el paraguas de los ríos de mayor tamaño y simplifican su número de demarcaciones, con lo que consiguen una "mejor coordinación" en la organización de los recursos hídricos.

Por ello, denuncian que la corriente española va "a la inversa de la internacional" debido a que durante años ha cedido a las presiones políticas de las distintas comunidades autónomas, que han ido exigiendo tener cada una de ellas su propio plan de cuenca.

A juicio de los regantes, esto da como resultado una "auténtica torre de babel" en la que cada territorio habla "su propio lenguaje del agua" y establece su reparto en función de intereses políticos en vez de técnicos, tal y como correspondería.

Fenacore asegura que esta situación llega incluso a "rozar el absurdo en algunos territorios" como en Canarias donde cada isla tiene su propia política hidrológica en lugar de agrupar en un único plan a todo el archipiélago y aún es, en su opinión, "más incomprensible" los casos de Ceuta y Melilla, donde a pesar de que no tiene una cuenca hidrográfica en sentido estricto del término, cada una tiene sus respectivos planes.

En este contexto, los regantes temen que este "maremagnum" de planes de cuenca que tendrían que haberse aprobado como tarde en diciembre de 2009, retrasen "aún más" la puesta en marcha de un Plan Hidrológico Nacional y que origine "nuevas confrontaciones" entre las distintas comunidades autónomas y especialmente en las más conflictivas como son las del Tajo, Júcar y Segura, que discurren por

varios territorios.

Para el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, ahora se pagan las consecuencias del "grave error político" que supuso territorializar los ríos, lo que ha permitido a las autonomías saltar por encima de la Constitución y apropiarse, a través de sus estatutos de autonomía, de competencias que eran exclusivas del Estado. "Aquellos barros trajeron estos lodos", ha dicho del Campo durante su participación en la XX Feria Internacional del Agua en Zaragoza.

Finalmente, recuerda que es "imprescindible", para que se cumplan todos los requisitos de legalidad, que se proceda todavía a la anulación de la modificación realizada en el artículo 94 de la Ley de Aguas por la que se otorgan competencias sobre la política de los ríos en materia de policía de los ríos Guadalquivir y Ebro a las comunidades autónomas de Andalucía y de Aragón y Cataluña, respectivamente.

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