El PP ha reclamado al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, comandado por Mercedes Alaya, que investigue "las ayudas articuladas" por la Diputación de Sevilla para la plantilla de la extinta empresa de componentes aeronáuticos 'Calderinox S.A.', radicada en Salteras y en cuyo expediente de regulación de empleo (ERE) de 2008 fueron detectadas dos prejubilaciones fraudulentas. Los populares, así, piden esclarecer si estas ayudas "tienen relación" con la trama que investiga esta juez sobre el uso fraudulento y discriminado de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos.

La juez Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis, investiga una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso general de dicha partida. Y es que, mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros en concepto de ayudas con cargo a la partida 31L. Tal fórmula sería supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y habría propiciado que las ayudas eludiesen la preceptiva fiscalización.

La trama de los ere

La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha elevado a la juez un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancia administrativa", en al menos 67 expedientes de regulación de empleo financiados con cargo a esta partida, bautizada como "fondo de reptiles" por el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en las diligencias.

Un reciente atestado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en ese sentido, profundiza en el expediente de regulación de empleo promovido entre 2008 y 2009 por la extinta empresa 'Calderinox S.A.', radicada en Salteras. Y es que dicho ERE incluyó las prejubilaciones del que fuera delegado provincial de Trabajo en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés y del exempleado de Litalsur Antonio Fernández Garzón, quienes jamás habían trabajado en esta empresa. Ambos, así, figuran como imputados en estas diligencias que comanda la juez Mercedes Alaya.

El ere de calderinox

El atestado en cuestión, fechado el 25 de enero de 2012 y recogido por Europa Press, expone que las ayudas sociolaborales libradas por la Administración andaluza para este expediente de regulación de empleo habrían sido concedidas "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en el marco normativo aplicable".

Pues bien, a través de un escrito elevado este pasado martes a la juez Mercedes Alaya y recogido por Europa Press, el PP pide que sean investigadas "las ayudas articuladas para los trabajadores de Calderinox mediante el convenio suscrito entre la Diputación de Sevilla y los sindicatos UGT y CCOO con fecha 3 de julio de 2008", siempre al objeto de aclarar si tales subvenciones "tienen relación con los hechos que se investigan". El PP señala además en un comunicado que la ayuda habría ascendido a 30.000 euros y que el Gobierno de la Diputación incurre en "contradicciones" al negar la existencia de dicho convenio pero aludir también a él, criticando que la institución esté "obstaculizando la labor de oposición y ocultado los datos" de esta ayuda.