Un grupo de aproximadamente 80 funcionarios de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en su mayoría veteranos adscritos al ámbito de Administración General, han acordado en asamblea unir sus fuerzas para recurrir la retirada de jornadas partidas y especiales "no imprescindibles" que el Gobierno local que preside Juan Vivas (PP) piensa adoptar a finales de mes para ahorrar un millón de euros en su Capítulo I. La medida detraerá una media de 300 euros en cada una de sus 14 pagas a 230 trabajadores, según calcula el Ejecutivo ceutí.

Los movilizados, que hace un mes recogieron las firmas de medio millar de compañeros para exigir al Gobierno autonómico que acabe con la "discriminación" que a su juicio han venido sufriendo con respecto a los empleados de las empresas municipales locales, también han aprobado a mano alzada entre aplausos "destapar mierda" de Vivas y su equipo.

La asamblea de trabajadores, en la que se ha permitido la presencia de los medios, ha acordado judicializar el Decreto, "sea colectivo o individual", en el que la Consejería de Recursos Humanos concrete la supresión de dichas jornadas al entender que la legislación es clara al establecer que una decisión de ese tipo "debe adoptarse tras una evaluación previa de la Corporación, no del Gobierno".

El grupo también ha acordado redactar un nuevo manifiesto para pedir al presidente de la Ciudad que antes de tocar sus retribuciones "prescinda de la maraña de cargos políticos eventuales, directores generales y subdirectores generales que mantiene para pagar favores personales y políticos y que en nada sirven a los funcionarios ni a la ciudadanía".

Durante la asamblea se ha puesto como ejemplo de lo que el colectivo denuncia como "falsa política de austeridad" el reciente nombramiento del ex presidente ceutí Jesús Fortes (PP) como presidente de la Fundación Ceuta Crisol de Culturas con rango de director general.

Negociaciones "paralizadas"

Los tres sindicatos con más representación institucional en la Administración local (UGT, CCOO y CSI.F) "paralizaron" el pasado viernes sus negociaciones con el Gobierno sobre los ajustes que ha propuesto en el ámbito de Personal y la aprobación de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), exigencia legal que la Ciudad Autónoma no cumple. A juicio de las centrales, sus interlocutores gubernamentales "no garantizan que se mantenga el empleo ni los salarios de los trabajadores públicos" y además demandan "gestos que indiquen claramente una política verdadera de austeridad y control del gasto corriente".

La Consejería de Hacienda y Recursos Humanos ha pedido a la parte social que vuelva a la Mesa General de Negociación "para seguir trabajando por el bien de todos" y "para evitar males mayores".

"El Gobierno de Ceuta está dispuesto a realizar todos los esfuerzos posibles en orden a conseguir el sostenimiento del sector público racionalizando el gasto para evitar consecuencias indeseadas y para seguir adelante con esas conversaciones y alcanzar el consenso", ha ofrecido el Ejecutivo.