El Gobierno de Cantabria regulará mediante decreto los precios públicos de los centros de atención a personas dependientes y discapacitadas, lo que supondrá una reducción media del 5 por ciento en la cantidad que la administración paga a las empresas del sector por la prestación de este servicio.

La vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, ha explicado este lunes a representantes de CERMI, LARES y ACESDE esta medida, que forma parte del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos que el Gobierno regional se ha visto obligado a aprobar como consecuencia de la situación de "emergencia económico financiera" en la que se encuentra la autonomía, ha informado el Ejecutivo en un comunicado.

El documento, aprobado por el Consejo de Gobierno el 16 de febrero, incluye un Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, dirigido a asegurar la "sostenibilidad" del sistema público de servicios sociales y su mantenimiento en condiciones de calidad mediante "la racionalización del gasto público y el aumento de la eficiencia".

En ese Plan de Garantía se enmarca la sustitución de los precios concertados por precios públicos, una medida ya adoptada en otras comunidades autónomas que se pondrá en marcha en el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) para poder sostener la red y afrontar los pagos.

La vicepresidenta ha hecho hincapié en que el plan es fundamental para hacer viable el sistema público de protección social.

Déficit de 10 MILLONES

La estimación de déficit de financiación para el pago de estancias concertadas supera los diez millones para 2012, sin concertar una sola plaza más, lo que, según Sáenz de Buruaga, es "absolutamente insoportable".

Antes de adoptar y materializar esta medida, la consejera escuchará las propuestas del sector, para que la reducción "no ponga en riesgo" la viabilidad del centro o de la explotación de la actividad, no suponga una merma de calidad y para minimizar su impacto y los perjuicios que pueda acarrear.

La vicepresidenta ha insistido también en que se trata de una medida de carácter "coyuntural", que será revertida tan pronto como "se supere la crisis y la herencia recibida".

La consejera les ha dicho a los representantes del sector que ahora toca "hacer esfuerzos y sumar esfuerzos" para revertir la gravísima situación que atraviesa la comunidad autónoma, si bien ha subrayado que esta vez, los sacrificios no van a ser estériles, como fueron los anteriores, por una forma distinta de gobernar.

Grupo de trabajo

Sáenz de Buruaga ha explicado la nueva regulación a representantes de la Asociación Cántabra de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (LARES); el Comité de Entidades de Representantes de Discapacitados de Cantabria (CERMI), y la Asociación Cántabra Empresarial de Servicios a Personas Dependientes (ACESDE) en la primera reunión del grupo de trabajo para revisar y desarrollar la normativa de servicios sociales.

La constitución de este grupo de trabajo responde al compromiso que el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, adquirió en una reunión celebrada al final de año con el sector, que le trasladó la urgencia de revisar la normativa reguladora de los requisitos materiales y funcionales que deben cumplir los centros y el procedimiento de acreditación.

Por su dispersión, complejidad y ausencia de criterios generales de aplicación, está normativa está generando un importante desgaste, inseguridad jurídica y arbitrariedad en los centros, en perjuicio de la explotación e, incluso, de la viabilidad de los centros.